En el Senado de la República, hay consensos para que se considere como desaparición forzada y se castigue hasta con 60 años de prisión a quien incinere, sepulte, desintegre o destruya total o parcialmente el cadáver o restos humanos de la persona desaparecida.

Para evitar casos como el de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el primer borrador de la ley de desaparición forzada de personas y la cometida por particulares precisa que incinerar los restos humanos bloquea la identificación de la víctima, por lo que se impondrán penas de 30 a 60 años de prisión y de 2,000 a 4,000 días multa a los servidores públicos o cualquier persona que incurra en el delito.

Ninguna autoridad podrá ordenar la inhumación, en fosas comunes, de cadáveres o restos humanos sin identificar, antes de cumplir obligatoriamente con lo que establece el Protocolo de Tratamiento e Identificación Forense contenido en el Protocolo Homologado. Para garantizar el cumplimiento de este artículo, se integrarán comités interdisciplinarios con la participación de expertos independientes y de sociedad civil, nacionales e internacionales , agrega.

A causa de la presión social, los senadores precisaron en el documento que quien cometa el delito, el o los servidores públicos de instituciones civiles o militares , o el particular o grupo de particulares, que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público priven de la libertad a una o más personas, seguida de la negativa a reconocer dicha acción, o a proporcionar la información disponible para encontrar a la víctima, se le castigue hasta con 100 años de cárcel para funcionarios y 90 años para particulares que participen en la desaparición forzada, como lo había propuesto el presidente Peña Nieto.

También hay atenuantes y agravantes de las penas, como lo precisó el Ejecutivo federal. Aunque el proyecto comenzó a analizarse, aún no hay una fecha específica para que se apruebe en comisiones.

Por otro lado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, anunció que pese a la oposición del gobierno, legisladores invitarán al relator especial sobre tortura de la ONU, Juan Méndez, para que dé sus puntos de vista al dictamen de la ley contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.

Anunciaron que solicitarán la comparecencia en comisiones de la canciller, la procuradora general de la República y el secretario de Gobernación para que expliquen el deterioro de la relación entre el gobierno federal y los expertos internacionales.