El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García, dijo que a pesar de que en el 2014 se aprobó el Sistema Nacional de Protección de Niñas Niños y Adolescentes, hasta ahora no se ha asignado un presupuesto suficiente para que opere, ya que todavía hay procuradurías estatales manejadas con recursos asistenciales.

Durante la presentación de Redim sobre un balance anual sobre los derechos de los niños y adolescentes, avances y desafíos para el 2017, integrantes de la asociación solicitaron una reunión urgente con el gobierno federal para dialogar sobre la crisis de derechos humanos y el recorte presupuestal que afecta a la operación de las procuradurías estatales, las cuales brindan una primera atención a los menores con sus derechos vulnerados.

Vemos con preocupación que en 10 de los 32 sistemas estatales se le dejó al DIF la operación del sistema, contraviniendo la ley que establece una característica de gobernabilidad democrática sacándolo de la asistencia, y en 22 entidades está en la Secretaría de Gobierno la secretaría ejecutiva de este sistema , explicó el director de Redim.

El estudio aborda que después de una década de haberse iniciado la guerra contra el narcotráfico en la República Mexicana, han sido asesinados aproximadamente 2,000 niños y niñas en el país.

En la lucha contra el crimen organizado, quienes más han perdido son los niños mexicanos. Hay 2,000 niños y niñas que han sido víctimas de homicidio y de ataques, sin contar a aquellos que se enlistan directamente con células delictivas para cometer actos ilícitos, tal vez de menor envergadura, pero no por ello carentes de gravedad , dijo.

Además el rango de edad de 15 a 17 años tiene una tasa de mortalidad por homicidios de 15.7 casos por cada 100,000, un incremento con respecto a la cifra registrada en el 2010: 14.4.

Las entidades que tienen las tasas de mortalidad por homicidio más altas son Chihuahua, con 91.6; Guerrero, con 48.8, y Nuevo León, con 46.

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