La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos llamó a las autoridades de nuestro país a privilegiar las medidas humanitarias en beneficio de los integrantes de la Caravana Migrante, sobre cualquier acción gubernamental a fin de garantizar el respeto a sus derechos fundamentales.

En un posicionamiento, la federación que aglutina a los 33 organismos públicos de derechos humanos insistió en que las autoridades de los tres órdenes de gobierno garanticen los derechos fundamentales de las miles de personas que desde el 19 de octubre ingresaron a territorio nacional.

Los organismos locales dieron a conocer que “se mantendrán atentos en el ámbito de su jurisdicción, competencia y posibilidades y atribuciones y, en su caso, velarán por el irrestricto respeto a los derechos humanos de las personas migrantes”.

Por su parte, organizaciones sociales señalaron que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de policía federal, estatal y municipal, contrario a la información oficial que ha circulado, han obstaculizado el acceso a territorio mexicano a los migrantes y gestionando únicamente el ingreso bajo la condición de someterse a una detención migratoria.

Según datos de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hasta el pasado 20 de octubre se habían registrado 7,233 personas para acceder a las instancias de atención a migrantes del gobierno de México, tras entrar al país por el puente fronterizo Rodolfo Robles que conecta con Guatemala.

El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, conformado por Red por los Derechos de la Infancia en México; Save The Children México; Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM); Washington Office on Latin America (WOLA), señaló que lo visto en el país no es una caravana de migrantes sino un desplazamiento forzado de centroamericanos que requieren protección internacional.

Del mismo modo pidieron la no detención de personas en las estaciones migratorias, mucho menos de las niñas, niños y adolescentes, ya que ello está prohibido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

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