La Procuraduría General de la República (PGR), aunque la Segunda Sala de la SCJN, no haya ordenado sanción alguna, es quien debería castigar al exsecretario de la extinta SSP, Genaro García Luna, los elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) y Agentes del Ministerio Público de la Federación, que tramaron todo y violentaron el debido proceso de Florence Cassez, coincidieron especialistas y activistas.

En tanto, titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, dijo que analizará la resolución de la SCJN en la que ordenó la liberación Cassez, a fin de determinar si esa procuraduría abre un procedimiento en contra de funcionarios que participaron en el montaje televisivo posterior a su detención.

En conferencia, durante la reunión plenaria de los senadores del PRI, Murillo fue cuestionado sobre si se investigaría al extitular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pero dijo que cualquier investigación dependerá del análisis jurídico de la resolución de la Corte.

Primero profundizar en el tema, sería irresponsable de mi parte decirle si hay o no responsabilidad de los funcionarios si haber iniciado un procedimiento al respecto.

Afirmó no ser juez para decidir si la francesa es culpable o no, pero garantizó que habrá justicia para las víctimas. Yo no sé si sea culpable o no, no me toca decirlo... pero lastima que no podamos llegar a una verdad legal, sobre inocencia, o sobre culpabilidad, derivada de un muy mal manejo en una parte de la investigación , dijo.

Por su parte, Gerardo Palomar, director de Programas de Derecho del ITESM, detalló a El Economista cómo se podría fincar responsabilidad penal a los funcionarios que ensuciaron el proceso contra Cassez.

También Samuel González Ruiz, exfuncionario de la PGR, estimó que si los cinco ministros de la Corte, aplicaron conceptos de la reforma de justicia penal, debería de aplicarse el mismo castigo a los responsables del montaje desde el más alto funcionario, hasta los que participaron en la detención, investigación y consignación.

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, pidió que en este caso, donde se acuño el efecto corruptor del montaje , los responsables sean enjuiciados.

El especialista del Tec de Monterrey, comentó, sin embargo, que la única que puede presentar una denuncia en este momento contra García Luna y los elementos federales que participaron en el 2005 en el montaje, sería Florence Cassez.

Agregó que también podría ser cualquier persona que se sintiera dolida por esos hechos, aunque tendría primero que probar la afectación que padeció por el entramado legal que instrumentaron tanto la AFI y la PGR de ese entonces.

Mientras que las víctimas de secuestro mencionadas en el proceso, la única posibilidad extrema que tendrían legalmente es recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero contra la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enfatizó Gerardo Palomar.

Del castigo que podrían sufrir exfuncionarios y policías que intervinieron en esos hechos, Gerardo Palomar añadió que serían contra abuso de autoridad en la administración de la justicia e invención de pruebas agravadas, debido a que eran funcionarios públicos, y lo que estimen los abogados como actos violatorios de las garantías individuales.

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