El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la plena identificación de los restos de las 19 personas calcinadas en Camargo, Tamaulipas, un hecho que se parece a la masacre de migrantes en San Fernando del 2010, dijo Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-Derechos Humanos México.

Mediante un pronunciamiento, la institución expresó su preocupación "sobre el hallazgo de 19 personas calcinadas en Tamaulipas”.

Recordó que varias de las víctimas serían migrantes procedentes de Guatemala. Argumentó que la falta de alternativas para una migración realmente segura, ordenada y regular, orilla a las personas a recurrir a traficantes de personas o a rutas peligrosas, lo cual aumenta su riesgo de ser víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos.

“Estos hechos recuerdan a las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y Cadereyta, Nuevo León, en 2012, donde los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación”, sentenció.

Guillermo Fernández-Maldonado argumentó que la mayoría de las personas salen de sus países empujados por circunstancias económicas adversas, por reunificación familiar y/o por situaciones de violencia y persecución.

“A esto se suma que sus condiciones de vida se han visto profundamente afectadas a raíz de la pandemia por Covid-19 y por el devastador paso de los huracanes Eta y Iota”, refirió.

Aseveró que en el caso de los hechos ocurridos el viernes en Camargo, Tamaulipas, “el Estado tiene la obligación de garantizar la plena identificación de los restos encontrados conforme a métodos científicos y llevar a cabo una restitución digna a sus familias. Esperamos que las víctimas extranjeras y sus familias reciban todo el apoyo de sus autoridades consulares. Se debe permitir el acceso de las familias o sus representantes a la información contenida en los expedientes judiciales que se abran por estos hechos. Este es un paso imprescindible para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de los familiares de las víctimas”.

jorge.monroy@eleconomista.mx