A más tardar, el próximo 3 de abril, la Cámara de Diputados deberá designar a cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Pamela San Martín Ríos y Valles, Marco Antonio Baños Martínez, Enrique Andrade González y Benito Nacif Hernández concluirán en esa fecha el periodo de seis años para el que fueron nombrados (en el 2014) como integrantes del Consejo General del INE, conformado en total por 11 miembros.

A mediados del año pasado, a propósito de la discusión de la reforma electoral aún pendiente y en aras de la austeridad, Marko Cortés, presidente nacional del PAN, propuso que la Cámara Baja no elija a los sucesores de los cuatro consejeros electorales que dejarán el cargo, a fin de que el órgano electoral funcione solamente con siete miembros.

La propuesta coincide con una iniciativa de enmienda legal promovida por la diputación federal de Morena para reducir de 11 a siete el número de consejeros electorales.

En su artículo 36, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que los consejeros electorales serán elegidos conforme el procedimiento establecido por el Apartado A de la Base V del Artículo 41 de la Constitución.

El INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos.

“En el ejercicio de esta función Estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores”, ordena la Carta Magna.

El consejero presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos, y serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados al momento de la votación correspondiente.

De acuerdo con el procedimiento establecido, la Cámara Baja emitirá el acuerdo para la referida elección, que contendrá la convocatoria pública, etapas completas para el procedimiento, fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación de un comité técnico de evaluación, que funcionará por primera vez ya que anteriormente los legisladores se encargaban de todo el procedimiento de selección.

El referido comité se integrará por siete personas de reconocido prestigio, de las cuales, tres serán nombradas por la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y dos más por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Recibida la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria pública, el comité evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, la idoneidad para desempeñar el cargo y seleccionará a los mejor evaluados.

La relación del comité se remitirá a la Junta de Coordinación Política, que aprobará la propuesta de designaciones que turnará al pleno de la Cámara Baja para su votación.

Iniciado el siguiente periodo de sesiones ordinarias, el próximo 1° de febrero, los diputados contarán con escasos 63 días para hacer los cuatro nuevos nombramientos.

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