La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que se acercará a la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, para negociar una pauta interpretativa de los tratados internacionales firmados por México en esa materia. Lo anterior, con el propósito de que nuestro país pueda despenalizar algunas drogas, inicialmente la mariguana, y luego la amapola, con fines medicinales.

Durante su participación en el Foro Estrategia Banorte 2018, Olga Sánchez Cordero calificó como “rígidos” los tratados que México tiene firmados desde 1970 en materia de drogas y delitos.

“Yo creo que es hora y momento de plantearnos una reinterpretación, cuando menos, de estos tratados internacionales. Son tratados punitivos en materia de droga sumamente rígidos. Nosotros queremos plantearle a Naciones Unidas una pauta interpretativa para poder lograr una despenalización de la droga en nuestro país.

“Estamos pensando también en que podríamos convocar a una conferencia internacional para hacernos cargo también de esta despenalización y de este combate al crimen organizado”, explicó.

A decir de la futura secretaria de Gobernación, si esta negociación prospera, permitiría al Congreso mexicano legislar la despenalización del consumo de la mariguana con fines medicinales.

“En este momento la mariguana y en un futuro, de la mano con Naciones Unidas, podríamos hablar de la amapola con fines estrictamente medicinales”, refirió.

En su exposición ante los banqueros, Sánchez Cordero mencionó que los retos para el próximo gobierno serán combatir la corrupción y la impunidad; la implementación correcta del Sistema Penal Acusatorio; contar con fiscalías eficaces; y pacificar al país de la violencia que vive.

Sobre el nombramiento del fiscal general, comentó que el Senado no podrá hacer la designación en tanto no apruebe la Ley Orgánica de la Fiscalía. “Una vez aprobada, detona el proceso de nombramiento”, aclaró.

Sin embargo, consideró que aun cuando el fiscal fuera nombrado y sea una persona íntegra y sin una mancha en toda su carrera profesional, “no es suficiente”.

Comentó que la violencia y la inseguridad son los retos más graves que tendrá el gobierno entrante.

Argumentó que si bien las cifras oficiales refieren que en México se cometen 25 homicidios por cada 100,000 habitantes, hay una “cifra negra (y) podría alcanzar el doble de lo que ha reconocido actualmente este gobierno”.

Mencionó que hay homicidios que no se denuncian por la ineficacia de las fiscalías locales; por el riesgo de la vida del denunciante y de su familia, y por la falta de un Estado de Derecho.

Abundó que México enfrenta también el problema de no haber implementado correctamente desde el 2016 el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

“Muchos gobiernos, sobre todo de las entidades federativas, no fue sino hasta los últimos meses que tuvieron oportunidad de implementarlo cuando, con toda velocidad y con toda prisa y sin ninguna capacitación, implementaron el Sistema Penal Acusatorio”, criticó.

Añadió que un reto será abordar con Estados Unidos la problemática de la venta ilegal de armas en ese país y que llegan a México, y su alto nivel de consumo de drogas. Destacó que ambos países comparten, además, la confiscación de bienes mínimos a la delincuencia organizada.

“El crimen organizado, por demás, traspasa fronteras. ¿Cómo podemos hacernos cargo de un crimen organizado que lava dinero en nuestro país por más de 25,000 millones de dólares. México únicamente puede confiscar básicamente entre 3 y 8% (igual que Estados Unidos)”, comentó.

Sánchez Cordero aseveró que la estrategia de seguridad del nuevo gobierno que asumirá el 1 de diciembre será totalmente novedosa, ya que implicará acciones como la Ley de Amnistía, la cual tendrá como destinatarios —por ejemplo— a personas detenidas por consumo de drogas o a mujeres “mulas”, muchas de las cuales son indígenas detenidas.

“Tenemos planteamientos concretos, tenemos planteamientos puntuales para resolver el problema, desde luego que se identifican o que se pretenden identificar en el diagnóstico, en esta nueva estrategia de seguridad para la paz y que incluye varios apartados, pero que —sin duda alguna— es uno de los grandes temas del gobierno entrante”, mencionó.

Finalmente, comentó que la estrategia de seguridad del próximo gobierno implicará la profesionalización de las policías, y el regreso paulatino de los elementos del Ejército y Marina a los cuarteles.

“Va a ser una nueva dimensión, una nueva estrategia, queremos ir retirando lentamente a las Fuerzas Armadas, queremos sustituirlas por una policía eficiente, eficaz, profesionalizada, y desde luego, nuestra estrategia es reducir la inseguridad, y al final del día, la pacificación del país y que éste vuelva a un Estado de Derecho, a un Estado constitucional”.

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