A través del organismo Agustín Pro Juárez padres de 49 niños muertos y 104 lesionados en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, integrantes de El movimiento 5 de junio promoverán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se castigue a 27 involucrados y no sólo a siete persoans de menor jerarquía.

María de Jesús Corona y Martha Lemus, integrantes del Movimiento 5 de junio, dijeron a El Economista que hasta el momento los compromisos oficiales no corresponden a las obligaciones derivadas de los hechos que conmocionaron a todo el país. No basta con la ley del 5 de junio aprobada en el Congreso, sino sujetar a la ley a los responsables, entre ellos, Marcia Matilde Gómez del Campo Torella, prima de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón.

Además de Antonio Salido, exfuncionario de Sonora, Gildardo Urquídez y Sandra Téllez, que con el pago de 6 millones de pesos y un amparo lograron enfrentar en libertad un proceso amañado .

Cuestionaron que el único pez gordo sea Arturo Leyva Lizárraga, exdelegado del IMSS en Sonora, recién recapturado hace dos semanas y los otros seis inferiores de cualquier categoría de responsabilidad, quienes están sujetos a proceso.

Cuestionaron que en el caso de Carla Rochín, excoordinadora de Guarderías, y Sergio Antonio Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales, ambos del IMSS, bastó con que renunciaran al cargo.

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