Los integrantes del equipo de la campaña presidencial del PRI interpusieron una denuncia por extorsión ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra José Luis Aquino Ponce propietario de la televisora estadunidense Frontera Televisión Network (FTN).

La denuncia de hechos, presentada la víspera y que será ampliada este jueves por el uso de sus nombres y del partido, es contra de Francisco Javier Torres González, José Aquino o José Luis Ponce de Aquino y quien o quienes resulten responsables, al solicitar se inicie la averiguación previa y la investigación respectiva.

El coordinador general de la campaña, Luis Videgaray Caso; Roberto Calleja y Erwin Lino, secretarios de prensa y propaganda, y particular de Enrique Peña Nieto, respectivamente, desmintieron haber firmado un contrato con esa empresa de televisión por 56 millones de dólares para promover en Estados Unidos la imagen del candidato.

En conferencia de prensa, calificaron como una campaña negra la denuncia que interpuso contra ellos el empresario mexicano-estadunidense ante la corte de distrito centro en California por presunta conspiración y fraude.

En la demanda Aquino Ponce asentó que fue contratado por Alejandro Carrillo Garza Sada, socio de Jiramos, para difundir y posicionar la imagen del candidato presidencial de la coalición Compromiso por México en Estados Unidos.

En el recurso legal también acusó a los empresarios Hugo Vigues, Alfredo y José Carrillo Chontkowsky, Alejandro Ramírez González, director del Consejo de Porcicultores Mexicanos, Manuel Gascón y a las compañías mexicanas GM Global Media y la sociedad civil Servicios Integrales al Sector Agropecuario.

Videgaray Caso admitió que en el mes de noviembre de 2011, Carrillo Garza Sada tuvo contacto con Roberto Calleja, a quien le propuso difundir la imagen en Estados Unidos del abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM).

Sin embargo, aclaró que la propuesta fue rechazada porque resultaba absurdo no solo por el planteamiento y por el monto solicitado sino por el hecho de que la ley prohíbe promover candidaturas en territorio extranjero.

Acompañados por el líder del PRI, Pedro Joaquín Coldwell y el vocero del partido, Eduardo Sánchez, reveló que después de cinco meses Francisco Javier Torres, quien se presentó como funcionario del grupo financiero Inbursa, pero que no trabaja en esa empresa bancaria, los contacto para solicitar la cantidad de cinco millones de dólares.

Aseguró que dicho personaje amenazó que si no se le entregaba la cantidad solicitada haría un escándalo que perjudicaría la candidatura presidencial de Peña Nieto y también amago con emprender acciones de carácter legal y político.

Por ello, insistieron que todas estas acusaciones contra ellos es más que una campaña negra de corte electoral y aseguró que los citados contratos, no participo ni el partido ni integrante alguno de la campaña del candidato presidencial.

En ese sentido, advirtió que es un acto ilícito que se pretenda obligar al partido a pagar una cantidad de dinero derivado de servicios que nunca fueron solicitados o pactados.

Insistieron que el Partido Revolucionario Institucional nunca solicitó servicios ni a Ponce de Aquino ni a las empresas de televisión FTN ni Telemedia S.A de C.V.

Los involucrados en la denuncia que presentó el dueño de la televisión estadunidense insistieron que esos contratos fueron entre particulares en la que nunca participaron miembros del partido ni del equipo de campaña.

Explicaron que es evidente la forma indebida en que se pretende obligar al partido a hacer un pago bajo las amenazas de que se emprenderían acciones legales, de investigación, civiles, penales, mediáticas u otras que resulten procedentes contra el PRI.

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