La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó un decreto que pone a cargo de la Guardia Nacional la supervisión de las medidas cautelares, distintas a la prisión preventiva; es decir, si una persona es acusada de un delito que no es grave, y el juez le permite seguir su proceso en libertad, éste será vigilado por personal de este nuevo órgano de seguridad, en su mayoría integrado por elementos de las Fuerzas Armadas, según lo plasmado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El decreto —del viernes pasado— firmado por el comandante de la Guardia Nacional, comisario general Luis Rodríguez Bucio, plantea que las Unidades Administrativas de la Guardia Nacional deberán proporcionar a la Dirección General de Seguridad Procesal, en el ámbito de sus atribuciones y conforme a la disponibilidad presupuestal, la información, documentación y demás apoyo que ésta requiera para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el artículo 177 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por ello, entre las nuevas obligaciones de la Guardia Nacional estarán supervisar y dar seguimiento a las medidas cautelares impuestas, distintas a la prisión preventiva, como entrevistar periódicamente a la víctima o testigo del delito, con el objeto de dar seguimiento al cumplimiento de la medida cautelar.

Además de realizar entrevistas, así como visitas no anunciadas en el domicilio o en el lugar en donde se encuentre el imputado; verificar la localización del imputado en su domicilio o en el lugar en donde se encuentre; y requerir que el imputado proporcione muestras, sin previo aviso, para detectar el posible uso de alcohol o drogas prohibidas.

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