Desde que inició la pandemia de coronavirus, organizaciones sociales han documentado diversas violaciones a derechos humanos a las qué han sido expuestas personas migrantes y refugiados, en el marco de esta crisis sanitaria.

A través del informe sobre los efectos de la pandemia de Covid-19 en las personas migrantes y refugiadas, organizaciones como Fundación para la Justicia, Sin Fronteras IAP o la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, advirtieron que se había identificado que las estaciones migratorias no cuentan con servicio médico las 24 horas, la falta de chequeos de temperatura frecuentes, además de que aún existe hacinamiento al interior de dichos centros de detención. Aunando a un suministro de jabón es muy limitado, la falta de agua, cubrebocas, y otros insumos para combatir la pandemia.

En tanto, entre las mujeres migrantes existen barreras en el acceso a anticonceptivos de emergencia, interrupción del embarazo y cuidados maternos, al tiempo que durante este periodo de contingencia no ha cesado la detención migratoria a pesar de que las personas en detención son sumamente vulnerables.

Se recordó que la carencia de estas condiciones de habitabilidad y de prevención del contagio de Covid-19 al interior de estos centros, detonaron múltiples protestas, motines e incendios que pusieron en riesgo la vida y salud de las personas allí privadas de libertad. Hechos, señala el documento, que ocasionaron la muerte de Rolando Barrientos, en la estación migratoria de Tenosique (Tabasco) durante marzo de 2020.

Asimismo, los investigadores consideran que en México el gobierno federal ha desarrollado una serie de políticas para minimizar y evitar el contagio de este coronavirus a lo largo del país, sin embargo, la respuesta de salud pública parece haber olvidado a las personas migrantes o solicitantes de protección internacional, a pesar de las vulnerabilidades expuestas por las organizaciones.

Es en este contexto, es que el juicio de amparo ha sido utilizado por las organizaciones de la sociedad civil para exigir las liberación de las personas migrantes de estos centros de detención y como resultado de las acciones de la sociedad civil, se interpusieron ocho juicios de amparos en seis ciudades de la República (Tenosique, Tabasco; Tapachula, Chiapas; Acayucan, Veracruz; Monterrey, Nuevo León; Ciudad de México y Tijuana, Baja California).

Aunque, advierten que en la mayor parte de los casos, la actuación del poder judicial no fue satisfactoria, emitiéndose medidas limitadas y -en algunos casos- ineficaces para resolver la problemática.

“Las autoridades demandadas siguen obstaculizando el acceso a la información a través de escuetos informes de cumplimiento de las medidas cautelares, negando los actos reclamados e incumpliendo las órdenes judiciales decretadas”, acusaron.

Por otro lado, se dijo que los albergues, particularmente aquellos que no cuentan con una infraestructura adecuada y/o reconocimiento estatal, indican tener graves complicaciones para la atención de las personas migrantes durante la pandemia.

La falta de insumos alimentarios, agua, material sanitizante, espacios adecuados para garantizar la sana distancia, recursos económicos para garantizar el pago de renta y servicios básicos, y falta de atención médica o psicológica.

Además de que no cuentan con suficientes equipos de protección personal, tales como guantes, mascarillas, así como insumos para la desinfección de las personas e instalaciones, por lo que las dotaciones de equipo de protección personal provienen fundamentalmente de donaciones y contribuciones de organizaciones de la sociedad civil y asociaciones religiosas, de forma que no son proveídos por el Estado con sistematicidad.

Todo ello, se suma que, en materia de alimentación, los albergues no han recibido el apoyo gubernamental necesario para solventar tanto los requerimientos alimentarios de sus poblaciones beneficiadas y la condonación de las deudas derivadas de los servicios de agua, situación que pone en peligro el derecho al agua y a la ayuda humanitaria que precisan las personas en contexto de movilidad frente a la emergencia sanitaria.

Al momento de redactar este informe, las organizaciones expusieron que aproximadamente 65,877 personas, desde el 2019 han sido devueltas por Estados Unidos bajo el programa “Quédate en México”.

Por lo mismo, miles de personas solicitantes de protección internacional se han concentrado en la frontera norte de México, específicamente en ciudades que reportan un alto índice de delitos -en especial contra personas en contexto de movilidad-, en condiciones de pobreza y situaciones de vulnerabilidad ante múltiples violaciones a los derechos humanos.

kg