Nueve de cada 10 migrantes reciben algún tipo de maltrato o tortura, de acuerdo con un informe preliminar sobre estas malas prácticas registradas en estaciones migratorias.

Elaborada por el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la investigación concluye que la tortura en el país se sigue practicando para obtener confesiones de delitos y contra las personas más indefensas, como los migrantes.

El CCTI visitó seis albergues en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco para recabar testimonios de migrantes que hubieran estado en estaciones migratorias. Con ello y tras contrastar los datos arrojados con literatura reciente al respecto, el colectivo remata que persiste la tolerancia por parte de las autoridades al uso generalizado de malos tratos, a pesar de la legislación relativamente rigurosa de México sobre la prevención y castigo de este delito.

De 50 personas entrevistadas por personal del CCTI, 47 reportaron algún tipo de tortura, trato cruel o degradante, lo que equivale a 94% de los casos estudiados.

El colectivo logró entrevistar a siete mujeres y 44 hombres, quienes en su mayoría oscilaban entre 18 y 30 años.

La mayoría de ellos reportó violaciones graves a sus derechos humanos y relató faltas a las leyes nacionales por parte de autoridades. Por ejemplo, los migrantes son detenidos por miembros del Instituto Nacional de Migración (INM), soldados y policías, siendo que los dos últimos no tienen facultades para capturarlos.

Con frecuencia, las detenciones se llevan a cabo con lujo de violencia física y psicológica.

Los perpetradores de estas faltas, en su mayoría, son agentes del INM y en ocasiones más limitadas participan policías federales y municipales.

Ninguno de los migrantes entrevistados puso una denuncia, pues argumentan que el sistema es ineficaz, existe corrupción o tienen miedo.

El director de Control y Verificación Migratoria, Mario Madrazo Ubach, negó categóricamente la existencia de estos delitos.