El narcotráfico es un tema de mercados nacionales y/o internacionales de drogas ilegales. Su análisis económico abarca los centros de producción, el tráfico, decomisos y precios de las drogas, y los principales mercados de consumo. Para un mejor entendimiento de estos mercados es importante distinguir el tipo de droga a la que nos referimos (marihuana, cocaína, heroína, meta y anfetaminas), pues cada una tiene características propias. Desde luego, hay que advertir que México no puede abstraerse de las tendencias globalizadoras, por lo que se tiene que contextualizar al país en el plano internacional, prescindiendo de ello en este artículo por motivo de espacio.

En la coyuntura actual, los mexicanos debemos explorar otras posibles soluciones a esta problemática, abstrayéndonos de distractores que empantanan la discusión cualitativa, impidiendo avanzar y profundizar en las ideas. Entre estos distractores comunes está el perderse en el debate por la cifra exacta (no existe tal, por tratarse de mercados ilícitos, aunque los rangos importan), la sobresimplificación del problema en un muertómetro, el falso dilema de combatir al narcotráfico o pactar con los cárteles, y la legalización (que no es igual a la despenalización) de las drogas, sin estudiar los costos y efectos de esta política que además implicaría incumplir con la normatividad internacional vigente. No obstante, se pueden explorar políticas alternativas que nos lleven a mejores resultados y buscar proactivamente, en forma simultánea, la transformación de la arquitectura internacional en esta materia.

¿Por qué ha sido tan costosa y poco efectiva esta política antidrogas del país? Cabe destacar que en el periodo 2000-2005 el gasto público real en seguridad se contrajo en 10%, mientras que en el periodo 2006-2010 creció en 78 por ciento. De este gasto total en seguridad, 54% se canalizó a los estados y municipios, 39% a la federación y 7% restante a los fondos, transferencias y subsidios relacionados con la seguridad, como el Fondo de Aportaciones en Seguridad Pública, el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, el Fondo para el Fortalecimiento Municipal y fondos metropolitanos.

El problema fundamental de esta estrategia antidrogas es que el objetivo de EU es diferente al de México: su objetivo central es minimizar la cantidad de drogas que llegan a su frontera y que los traficantes logran internar en su territorio. En cambio, el objetivo principal de México debe ser minimizar el costo total del conflicto interno, es decir, la violencia (cárteles vs cárteles, cárteles vs ejército y cárteles vs civiles), motivada por el negocio del trasiego de drogas y, recientemente, por la creciente producción de marihuana, amapola y metanfetaminas en el país.

El combate a la producción de drogas es un conflicto entre el gobierno y los productores sobre el control de la superficie cultivable. En cambio, el combate contra el tráfico es un conflicto entre el gobierno y los narcotraficantes sobre el control de las rutas de trasiego y plazas. Ambas actividades representan un costo para el gobierno, pero una de ellas en menor medida como se argumentará.

Para Colombia, en el caso de la cocaína, un estudio que evaluó el Plan Colombia estimó que un dólar adicional utilizado en el combate a la producción de cultivos ilícitos reducía el costo del conflicto en 1.40 dólares; mientras que un dólar utilizado en el combate al narcotráfico reducía el costo del conflicto en sólo 0.09 centavos de dólar.

A su vez, para EU, el mismo estudio sobre el Plan Colombia encontró que el costo marginal para reducir en un kilogramo la cantidad de cocaína que llega a los mercados de mayoreo estadounidenses es de 163,000 dólares, si la asistencia de EU se utiliza en la lucha contra los productores de hoja de coca. Empero, el costo marginal es de 3,700 dólares si esta asistencia estadounidense se utiliza para la interdicción, es decir, para detectar y bloquear los cargamentos de drogas ilícitas rumbo al mayor mercado de consumo.

Según estos resultados, si el objetivo principal es reducir la cantidad de cocaína que llega a EU, será más costo-efectiva una política pública que se concentre en combatir al tráfico de drogas; mas si el objetivo es minimizar el costo total de la violencia motivada por el trasiego de drogas, será más costo-efectiva una política pública que se centre en la erradicación de cultivos ilícitos.

Otro factor importante detrás de esta costosa y poco efectiva política antidrogas es el hecho de que el precio de la demanda por drogas es inelástica, como lo confirman varios estudios. Esto significa que dicho incremento en precios casi no tendrá un efecto sobre la cantidad demandada por los consumidores de drogas.

A su vez, estos aumentos en los precios intensificarán el conflicto e inducirán una respuesta estratégica mayor por parte de los traficantes ante la política antidrogas instrumentada por el gobierno, sobre todo porque ahora estarían de por medio mayores ingresos y, por ende, mayores ganancias.

Estas ganancias extraordinarias de los cárteles hacen más costoso para el gobierno mexicano este combate contra el narcotráfico, ya que ahora enfrenta a traficantes mejor armados, con mejores tecnologías de transporte para el trasiego, mejores equipos de telecomunicaciones, mayor capacidad financiera para corromper, etcétera.

Con la argumentación anterior, parecería ser más eficiente la alternativa de concentrar esfuerzos y reasignar recursos en favor de la erradicación (manual o de aspersión amigable al medio ambiente) de la marihuana y de la amapola, y trabajar simultáneamente con los productores en proyectos productivos alternativos sustentables. Es probable que así se pueda incidir de mejor manera en la disminución de la violencia asociada a la competencia por rutas de trasiego y plazas.

Al responder a la política antidrogas del gobierno, los productores de cultivos ilícitos y los narcotraficantes utilizan más intensivamente los factores de la producción que no están sujetos a ataques. Para los narcotraficantes, los factores complementarios a las rutas de trasiego son el armamento, los semisumergibles, lanchas rápidas, aeronaves ligeras, pilotos, mulas, halcones y la corrupción de autoridades, entre otros.

Para los productores de cultivos ilícitos, los factores complementarios a la superficie cultivable, en el caso de la cocaína, son los precursores químicos, microondas (para secar las hojas de coca), tecnologías de extracción del alcaloide, biotecnología de arbustos de coca resistentes y grandes, laboratorios, etcétera.

Otro elemento importante a tomar en consideración es la geografía. Los narcotraficantes tienen capacidad para reubicar sus operaciones en otros países, según los incentivos. Por ejemplo, a medida que ha disminuido la producción de cocaína en Colombia, esa reducción ha sido compensada parcialmente con incrementos en la producción de cocaína en Perú y Bolivia. Existe evidencia que la Federación de Sinaloa ha creado laboratorios de pequeña escala para producir metanfetaminas en el estado de California y, en México, ante la política de combate al narcotráfico, se observa un aumento en el cultivo de marihuana y amapola.

Por todo lo anterior, se puede concluir que la efectividad relativa de los recursos públicos invertidos en el combate al narcotráfico ha sido baja; es decir, se trata de una política pública costosa y poco efectiva en términos monetarios y no monetarios. El cuadro (parte superior) muestra algunos resultados que respaldan esta conclusión:

De acuerdo con esos resultados, se puede inferir que los recursos públicos invertidos por el gobierno en el combate contra el narcotráfico han sido menos eficientes en relación con los recursos invertidos por los narcotraficantes, ya que para el gobierno mexicano están aumentando los costos de reducir la cantidad de cargamentos de droga que cruzan la frontera con Estados Unidos.

En un país como México, productor tradicional de marihuana y amapola, y ahora de metanfetaminas, y también un país de trasiego de la cocaína, se tiene que evaluar cuál sería la política pública óptima congruente con las normas internacionales:

  • Si el gobierno opta por una política pública de erradicación de cultivos ilícitos solamente (acompañada por proyectos productivos alternativos de desarrollo sustentable para las comunidades).
  • Si el gobierno elige una política de erradicación de cultivos ilícitos y decomisos de precursores químicos provenientes de Asia para evitar producir metanfetaminas.
  • Si mejor se decide por una combinación óptima de erradicación (apoyada con proyectos productivos alternativos sustentables) y una política de despenalización del consumo de todas las drogas (experiencia portuguesa) en el marco de los convenios y tratados internacionales.
  • O si el gobierno busca otra combinación de política pública que sea más costo-efectiva y que atienda el objetivo de minimizar los costos totales de la violencia actual derivada del trasiego de drogas en territorio nacional y de la competencia entre cárteles por rutas y plazas.

Es momento de abrir la discusión, de reflexionar y ponderar las diferentes alternativas de políticas públicas en la materia.

*Ruth G. Ornelas, es economista e internacionalista egresada de la UNAM, tiene maestrías por las universidades de Columbia y de Georgetown; también es miembro desde su fundación del Grupo Huatusco.

PERFIL

Ruth G. Ornelas

La seguridad y el desarrollo, temas en su formación

  • Con formación de internacionalista y economista, egresada de la UNAM, Ruth Ornelas posee experiencia en el análisis sobre temas de seguridad, desarrollo, empleo y regulación.
  • Ha desarrollado su trabajo en diversas áreas del sector público y la Iniciativa Privada.
  • Destaca su trabajo en el Consejo Coordinador Empresarial sobre la mejora regulatoria en las entidades.
  • Es articulista, autora de dos libros y tiene experiencia como académica.