México tendrá su ?código penal único

El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual prohíbe la exposición en medios de comunicación de personas consideradas como imputados sin que medie una sentencia definitiva.

Lo anterior, a efecto de salvaguardar el principio de presunción de inocencia del imputado, expresó la senadora Arely Gómez.

De ser aprobado por la Cámara de Diputados, el Código armonizará los criterios judiciales en todo el país, favorecerá el respeto a los derechos humanos al establecer un solo documento de las disposiciones del proceso penal y dará prioridad a la reparación del daño de la víctima.

A partir de la aprobación de este Código, el sistema de justicia penal será radicalmente distinto: los juicios orales garantizarán que las actuaciones se den en el marco del pleno respeto de los derechos humanos; que el debate probatorio se verifique ante el juez, volviéndose más expedito a través de la oralidad, y que la prisión preventiva deje de ser la regla y se convierta, efectivamente, en una excepción , comentó Roberto Gil, presidente de la Comisión de Justicia.

El Código que fue pulido por casi un año en comisiones fue aprobado en lo general por unanimidad con 104 votos en favor.

Entre los ordenamientos que incluye, se encuentra que las audiencias públicas sean verdaderamente públicas y tanto las partes en conflicto como los ciudadanos en general puedan presenciarlas.

Además, cuando el Ministerio Público considere necesaria la intervención de comunicaciones privadas para la investigación, el titular de la Procuraduría General de la República o los servidores públicos facultados podrán solicitar al juez federal de control la autorización de esta medida.

Plantea la reglamentación de los actos de investigación que se relacionen con la posible violación a derechos humanos o afecten el debido proceso como los cateos, intervención de comunicaciones privadas o Tecnologías de la Información, órdenes de aprehensión y detenciones.

Alejandro Encinas advirtió que la aplicación de las disposiciones tendrá que sujetarse a una evaluación en un año para poder identificar los ajustes y reformas necesarios para mejorar su ejercicio.

Pablo Escudero del PVEM comentó que el también llamado código único pasó por la implementación de un simulador: Se propuso traer a los operadores del sistema de justicia, ministerios públicos, jueces de control y a todos los que participaban para simular un juicio oral en todas sus facetas y comprobar si el sistema podía funcionar .

tania.rosas@eleconomista.mx