México, al igual que otros países de la región, no ha asumido del todo el financiamiento del sistema interamericano de derechos individuales como una prioridad, exhibe el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza.

En entrevista telefónica, Álvarez Icaza exhibió que los aportes financieros que pueden hacer países como México, Canadá, Brasil, Argentina y Colombia hacen una diferencia. No recibir esos recursos para el funcionamiento base de la comisión tiene a este organismo multilateral en una posición de quiebra técnica.

En medio de críticas y tensiones con algunos estados miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) de quienes depende , la CIDH vive la peor crisis financiera en su historia, obligándola a despedir a 40 % de su personal y suspender labores clave si no recibe antes del 15 de junio el millón de dólares para poder cerrar el año con el cumplimiento mínimo de sus funciones.

La redirección de las aportaciones voluntarias que sus estados miembro realizaban anualmente como lo hiciera México el año en curso y el pasado ; la debilidad del presupuesto ordinario y la migración de apoyos europeos a la crisis en Siria y Turquía fueron los detonantes que estallaron la crisis.

De acuerdo con la estadística de contribuciones a la CIDH por donante, el año pasado sólo México y Ecuador no destinaron recursos directos para la operación de la comisión. La canciller mexicana Claudia Ruiz Massieu explicó que el dinero tradicionalmente otorgado a la OEA y a la CIDH fue destinado en disponer casi 2 millones de dólares para un grupo internacional que coadyuvó en el caso de la desaparición de una cuarentena de jóvenes en el estado de Guerrero.

Al respecto, Álvarez Icaza informó que existe un remanente de ese dinero, pero estará en manos del gobierno nacional determinar si lo emplea para un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones o lo emplea para rescatar a la comisión.

En el marco de la discusión de la crisis financiera, el representante permanente de México ante la OEA, Luis Alfonso de Alba, expresó, entre otros aspectos, que era necesario revisar cómo son obtenidos los recursos, cómo se emplean y de qué manera pueden sumarse más fuerzas como las provenientes de la sociedad civil y del Sistema de Naciones Unidas.

La propuesta que expuso México frente al Consejo Permanente de la CIDH para enfrentar la crisis recuerda debates que sostuvo el órgano principal del Organización de Estados Americanos (OEA) años atrás, en un proceso denominado de fortalecimiento. Álvarez Icaza alega que en realidad las discusiones eran la forma diplomática para debilitar a la comisión, al quitarle facultades, revisar su condición de operación, poner en duda su autonomía e independencia, así como intentar limitar su economía.

Pareciere que México está mandando un mensaje de que debe abrir un proceso de discusión que se llamó fortalecimiento que más bien parecía un proceso de debilitamiento , dijo Álvarez Icaza.

ana.langner@eleconomista.mx