México celebrará por primera vez en su historia una consulta popular. En el 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó ese ejercicio para la reforma energética por posibles afectaciones al erario. Seis años después, a solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró constitucional convocar a los ciudadanos para saber si las autoridades deben iniciar un “esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actos políticos”.

Durante un debate de casi cuatro horas, los 11 ministros de la Suprema Corte debatieron el fondo de la solicitud presidencial. Seis de ellos: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara Carrancá y el presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, votaron por la constitucionalidad de preguntar a la ciudadanía si las autoridades deben iniciar procedimientos contra los últimos cinco expresidentes de México.

Los ministros que se pronunciaron por la inconstitucionalidad de la consulta solicitada fueron: José Fernando Franco González-Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek.

Arturo Zaldívar descartó que preguntar a los ciudadanos si las autoridades deben iniciar procedimientos contra exmandatarios sea violatorio de la presunción de inocencia o de la igualdad en el debido proceso.

“Es claro que los efectos de una consulta sobre la política criminal no podría tener efectos vinculantes para las autoridades, en el sentido de obligarlas a actuar o no en función de sus atribuciones”, argumentó.

Desde su punto de vista, “la justicia criminal es sensible a la participación pública”, y la consulta es “un instrumento para acercar la política criminal a la sociedad”, dijo.

“La consulta que se nos plantea no expone a nadie, a nadie, como culpable ni es sugestiva. La materia de la consulta no asume que las personas que menciona son responsables ni tampoco busca que la ciudadanía decida su culpabilidad. Lo que la consulta busca es simplemente si la ciudadanía está de acuerdo en que las autoridades investiguen y en su caso sancionen su presunta responsabilidad en la comisión de delitos, conforme a las leyes y los procedimientos aplicables. Es falso que la consulta implique una exposición mediática estigmatizante y por tanto que pueda generar un efecto corruptor en las investigaciones que se realicen”, sostuvo.

Y añadió: “Lo que no podemos hacer es cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal. Los riesgos no se solucionan clausurando los debates, la libertad de expresión”, afirmó.

En contraste, el ministro Javier Laynez preguntó:

“¿Podemos siquiera imaginar una consulta sobre si se debe investigar y perseguir a los presuntos inculpados en el caso Ayotzinapa? ¿En el caso de la Guardería ABC? Y no necesariamente estas grandes tragedias nacionales. Pensemos ¿cuál sería el sentir de las víctimas de un delito sexual, de un delito de violencia intrafamiliar o de un simple robo, o de los delitos de corrupción?.

“¿Desde cuándo un jefe de Estado, el presidente necesitaría de una consulta al menos del artículo 35 (constitucional) para ver si realiza esfuerzos o instruye a sus órganos o unidades administrativas para buscar elementos para que se haga justicia?”.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández opinó que “la materia de esta pregunta, a mi juicio, es inconstitucional como lo expresa el proyecto (...) porque se pretende consultar si las víctimas de delitos tienen derecho a que se respeten las garantías de sus derechos humanos, como el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, a que se castigue al culpable y la reparación del daño”.

Y se preguntó: “¿Acaso la Constitución y las leyes de este país permiten, por ejemplo, a los padres de hijos víctimas de desaparición forzada o de ejecución extrajudicial, o las mujeres torturadas o violadas por agentes del Estado, o a la mayoría, a través de una consulta decidir si se les hace o no justicia, si se castigará o no a los responsables, si sus derechos humanos merecen o no ser protegidos y garantizados?”.

Eliminan los nombres

Posteriormente, los ministros Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel y Alfredo Gutiérrez Ortiz se pronunciaron por modificar la redacción de la pregunta sugerida por el presidente.

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actos políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, fue la redacción que finalmente se aprobó.

Por esta nueva redacción votaron ocho ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alberto Gelacio Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara Carrancá y obligados por el sentido de la mayoría: José Fernando Franco González-Salas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. En tanto que votaron en contra de la nueva redacción los ministros de la Suprema Corte: Luis María Aguilar Morales, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek.

La Corte acordó notificar en las próximas horas al Senado, en donde se turnará a comisiones para generar un dictamen que se votaría en el pleno.

La pregunta a consultar será: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

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