Sin modificarle ni una coma, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta remitida por el Senado de la República que expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El decreto se turnó al Ejecutivo federal para su promulgación y entrada en vigor.

Por 338 votos del PRI, PAN, PVEM y Panal, y 110 de la oposición del PRD, MC y Morena en contra, la Ley General de Responsabilidades Administrativas fue aprobada en lo general.

Durante la discusión en lo particular, ni el artículo 29 ni el 32 de dicha ley, los de mayor polémica, que establecen que las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución, y que obligarán a los empresarios a presentar también la llamada declaración 3de3, sufrieron modificación.

La propuesta del PAN para precisar que sólo los funcionarios públicos estarían obligados a presentar la declaración 3de3, eliminando la obligatoriedad de las personas físicas y morales al respecto, ni siquiera fue admitida a discusión.

Tampoco se aceptó discutir la propuesta de Morena para obligar también a los candidatos a cargos de elección popular a presentar su declaración patrimonial y de intereses como requisito indispensable para poder iniciar sus campañas electorales.

Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC), afirmó que en el artículo 29 está la clave de la trampa que se hizo al 3de3. Pero no exclusivamente ahí, el 3de3 ha sido saboteado también desde uno de sus instrumentos más importantes, que es el sistema de evolución patrimonial .

El chiste del sistema de evolución patrimonial, consideró, es que año por año los ciudadanos puedan ver cuánto ganó un servidor público y cuánto declaró.

Antes, el pleno aprobó, en lo general, con 447 votos, la minuta que expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Dicha nueva norma establece las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

En la sesión de este viernes, quizá la última del periodo extraordinario en San Lázaro, los diputados federales someterán a discusión y aprobación se prevé que tampoco introducirán cambios las minutas por las que se reforman la Ley Orgánica de la PGR y el Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción.

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