Resolver la desaparición de poderes en Baja California por parte del Senado de la República para impedir que el gobernador electo Jaime Bonilla se mantenga en el cargo durante cinco años es una vía jurídica muy complicada y excesiva, coincidieron los senadores Damián Zepeda Vidales (PAN) y Cruz Pérez Cuéllar (Morena).

“El problema con la vía de la desaparición de poderes es que, en efecto, hay lagunas en la regulación. La interpretación que se ha dado a la fecha es que aplica a los tres poderes y el Poder Judicial no ha estado inmiscuido. Parece una vía muy complicada”, respondió el panista, a pregunta específica.

El morenista, presidente del grupo plural de trabajo creado para dar seguimiento a los procesos electorales locales del 2019, dijo no estar de acuerdo con “hablar ya de desaparición de poderes; es excesivo. No debemos combatir un extremo con otro extremo. Más bien, a través de las instituciones, buscar que se resuelva este asunto”.

Desde su punto de vista, la reciente reforma aprobada por el Congreso local para extender de dos a cinco años el periodo de mandato del nuevo gobernador es inconstitucional y atenta contra la democracia, pero quien debe resolver es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en caso de que se promuevan acciones de inconstitucionalidad.

“Los bajacalifornianos fueron llamados a votar por un periodo de dos años; de un año 11 meses. La elección transcurrió sin problemas. Es cosa juzgada. No hubo impugnaciones. No es procedente ampliar el periodo (de gobierno) pero debemos ser respetuosos de las instituciones y que sean las que lleven el cauce jurídico.

“El Congreso del estado tomó la decisión que, me parece, es inconstitucional, pero quien tiene la última palabra es la Corte”.

¿La reforma atenta contra la democracia?

Creo que sí. Los bajacalifornianos fueron a votar por un periodo y ese periodo debe ser respetado. Creo en la democracia y que debemos respetar los términos y plazos.

Negó, además, que la Cámara Alta esté faltando a su facultad constitucional exclusiva de garantizar el pacto federal, al no abordar el tema.

“No, porque en un momento de controversia constitucional quien está facultado para resolver el tema es la Corte. Será a través de la controversia como se terminará resolviendo esto”.

Los senadores, explicó, están en la mejor disposición de revisar el tema, como garantes del pacto federal.

“Lo revisamos y si debemos de actuar lo vamos a hacer. En lo que no estoy de acuerdo es en hablar ya de desaparición de poderes”.

Zepeda Vidales consideró que la “vía jurídica más efectiva” para combatir la reforma aprobada por el Congreso bajacaliforniano es la promoción del juicio político contra quienes la aprobaron y de la acción de inconstitucionalidad.

“Se tienen que lograr tres cosas: tumbar la acción; es decir, que no entre en vigor la ampliación de dos a cinco años. Un segundo objetivo específico es castigar a todos los que estuvieron involucrados en el tema, no sólo a los legisladores sino también a quienes promovieron la reforma, incluyendo, por supuesto, al beneficiario. Y evitar el antecedente a nivel nacional”.