La Fiscalía General de la República (FGR, antes PGR) ha recibido, entre el 2000 y hasta junio del año pasado, 109 denuncias en contra de integrantes de las Fuerzas Armadas por su presunta participación en delitos sexuales, lesiones, homicidio, tortura y desaparición.

Derivado de estas denuncias se ha ejercido acción penal en contra de 49 integrantes de las Fuerzas Armadas; en dos casos se ha girado una sentencia condenatoria, informó la FGR.

En respuesta a la solicitud de información con folio: 0001700784820, realizada por un ciudadano, la instancia de procuración de justicia remitió la información proporcionada por la Fiscalía Especial para la atención de los Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, la cual precisó que hasta el pasado junio había recibido 36 denuncias en contra de integrantes de las Fuerzas Armadas.

Dichas denuncias están relacionadas con abuso sexual (13), violación (10), hostigamiento sexual (ocho), lesiones (uno), homicidio (dos) y tortura (seis). La instancia de la FGR puntualizó que en algunos casos una denuncia incluye más de un delito.

“En ese tenor, seis servidores públicos federales pertenecientes a las Fuerzas Armadas han sido procesados ante juzgados federales por los delitos de violación y tortura, obteniendo esta Fiscalía Especial sentencia condenatoria en contra de dos servidores públicos, continuando el proceso penal respecto de los demás. Cabe mencionar que otras indagatorias se encuentran aún en proceso de investigación ante la autoridad ministerial”, precisó la FGR.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada informó que en el periodo mencionado recibió 72 denuncias contra integrantes de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no tenía registros de algún caso en el que se ejerciera acción penal ni sentencias por el mismo motivo.

La Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura indicó que no tenía información sobre denuncias, aunque sí refirió que había ejercido acción penal en contra de 29 militares y 13 marinos. En cuanto a sentencias, mencionó que no tenía registros.

A su vez, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa informó tener registros de una denuncia por tortura, así como el ejercicio de la acción penal contra un miembro de las Fuerzas Armadas. Añadió que no tenía datos de alguna sentencia. 

Caso Ernestina Ascencio

Ernestina Ascencio, mujer indígena de 73 años, fue presuntamente abusada sexualmente —y localizada sin vida— en el 2007 por parte de elementos del Ejército. El pasado 10 de diciembre, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció que la Fiscalía General de Justicia de Veracruz reabrirá el caso a fin de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral.

Encinas aseguró que para el gobierno federal es inaceptable la versión de que la mujer no falleció a consecuencia de golpes, sino de gastritis crónica como señaló en su momento un dictamen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Ese organismo sostiene que: “Se acreditó científicamente que, lo que en realidad ocasionó el deceso de la señora Ernestina Ascencio Rosario fue una anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas”.

El pasado 8 de diciembre, durante una sesión especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el fiscal coordinador especializado en Asuntos Indígenas y Derechos Humanos de Veracruz, Hernán Cortés, defendió la conclusión de la CNDH, lo que provocó un desconocimiento por parte de Encinas.

Las ONG que promovieron una denuncia ante la CIDH se han manifestado en contra de que sea la Fiscalía de Veracruz la que reabra el caso, por considerar que sus funcionarios violaron derechos humanos en el caso. (Con información de Jorge Monroy)

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