La Procuraduría General de la República (PGR) confía en que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratifique la “inviabilidad” de crear una comisión de la verdad sobre el caso Iguala, que ordenó el Tercer Tribunal Unitario del XIX Circuito de Tamaulipas, debido a que se trata de un caso inédito y no se tiene que esperar más, sino que el máximo tribunal de justicia del país acorte los tiempos, dijo Alberto Elías Beltrán.

El subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del procurador general de la República, sostuvo que “dicha inviabilidad” no sólo es sostenida por parte de la PGR, sino por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y otras instancias federales, porque “violenta de manera clara y directa nuestra Constitución”.

En ese sentido, Elías Beltrán destacó que será responsabilidad de los ministros de Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinar alcances así como facultades y atribuciones, porque se “fue más allá de la litis fijada” debido a que el amparo iba relacionado a una formal prisión en materia de delincuencia organizada vinculada con delitos contra la salud.

De acuerdo con el encargado de la Procuraduría General de la República, desde octubre del año pasado dicha vinculación de delitos no tenía nada que ver con la desaparición o secuestro de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrido el 26 de septiembre del 2014, y se refiere a una organización delictiva del estado de Guerrero, la determinación del Tribunal de Tamaulipas se desbordó y fue “más allá de lo que se cuestionó en el amparo”.

Agregó que, en el caso Iguala, el fiscal continúa desarrollando las investigaciones sobre los hechos de septiembre del 2014 y la PGR ha presentado diversos recursos, como es el incidente de “imposibilidad jurídica de cumplimiento, algunos extraordinarios de revisión y quejas ante la Corte”.

EL DATO

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato del activista Abraham Hernández Castro, coordinador regional del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas.

“De acuerdo con la información recibida, el día 17 de julio del 2018, alrededor de las 11:30 horas, el defensor zapoteco habría sido privado de la libertad por un grupo de personas armadas y encapuchadas en la localidad de Salchi, en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca. Después de varias horas, el mismo día fue hallado el cuerpo del defensor con tres impactos de bala”, precisó la oficina de Naciones Unidas. (Héctor Molina)

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