Las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados ratificaron el dictamen de la Subcomisión de Examen Previo, para avanzar en el Juicio Político en contra de Rosario Robles Berlanga, quien fue secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Tras una serie de intervenciones y preguntas de legisladores de todos los grupos parlamentarios, la mayoría ratificó la resolución que considera que existen los elementos probatorios para enjuiciar políticamente a Rosario Robles por su responsabilidad en la llamada “estafa maestra”, por el desvío de más de 7,000 millones de pesos del erario público.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera Badillo, aseguró que en este proceso “no hay venganzas ni cacerías de brujas, y si no hay otros procedimientos de juicio político, es porque no hay más denuncias, porque no hay otros servidores públicos acusados”.

Explicó que hay cuatro denuncias, de ellas sólo dos cumplieron con la normatividad para avanzar en la Subcomisión de Examen Previo; por ello, con base en esas dos, las Comisiones Unidas resolvieron en ese sentido.

Recordó que el plazo para la presentación de demandas de juicio político en contra de los servidores públicos vence un año después de que se han separado o han concluido su encargo, mismo que se cumple, para el caso de quienes participaron en la administración anterior al domingo 1 de diciembre.

Al inicio del debate, la diputada morenista Lorena Villavicencio cuestionó la utilidad de un juicio político contra Robles cuando ya está siendo procesada y está en la cárcel, y si ya la Secretaría de la Función Pública ya la inhabilitó como funcionaria. 

La morenista coincidió con la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, quien sostuvo que los delitos que se le imputan no son graves y podría enfrentar su proceso en libertad.

Añadió que junto con Robles, también deberían ser procesados el expresidente Enrique Peña Nieto; Alfredo del Mazo, quien era, en ese tiempo, director de Banobras; medio centenar de funcionarios y los titulares de ocho universidades y 11 instituciones del gobierno federal.

La diputada de Morena, Tatiana Clouthier, les respondió que, si bien Rosario Robles ya está siendo procesada, es porque se ha cumplido el compromiso presidencial de acabar con la impunidad y si se encuentra inhabilitada, no fue por este caso, sino por haber mentido en su declaración de situación patrimonial.

Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, aseguró que el juicio político también es para destituir al servidor público en funciones y que la acusada cumplió con el término de sus responsabilidades, por lo que tampoco hay razón para enjuiciarla políticamente.

Argumentó que si se inicia un juicio político, estaría limitada, pues la ley señala que el imputado tiene que asistir personalmente a defenderse y que no puede haber un representante en la tribuna.

Clouthier, por su parte, aseguró que “la aplicación de la ley no puede bailar al son que le toque la opinión pública”, que no se puede aplicar la ley, de acuerdo con lo que dice la gente.

Aclaró que desde enero, Robles está sujeta a prisión preventiva y no ha sido sentenciada; por lo tanto, aún no hay un hecho consumado, pero si avanza el juicio político y los procedimientos penales, podrían iniciarse el ejercicio de la acción penal contra los demás responsables.

El proceso

Al inicio de la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación y Población, Barrera Badillo explicó que una vez ratificada por ese grupo legislativo, la resolución de la Subcomisión de Examen Previo se turnará a la Sección Instructora, la que deberá informar en las próximas 72 horas a la acusada de que se inicia un procedimiento de juicio político en su contra.

La Sección Instructora, una instancia de la Comisión Jurisdiccional que actuará como juez, es la encargada de la instrucción del juicio político y de acuerdo con sus atribuciones deberá velar por el cumplimiento del proceso y las garantías procesales de Robles Berlanga.

También deberá notificar, escuchar, analizar pruebas y alegatos y hacer valer la garantía de audiencia. Todas las diligencias y acciones de la Sección Instructora deberán formularse en un plazo de 60 días, que podría ampliarse hasta 15 días. Los plazos corren durante el periodo de sesiones y los días son naturales.

En las 72 horas siguientes a la ratificación de las comisiones unidas la Sección Instructora notificará a la denunciada, presa en el Penal de Santa Martha Acatitla por su presunta participación en la llamada "Estafa Maestra", haciéndole saber su garantía de defensa y que deberá, a su elección, comparecer o informar por escrito, dentro de los siete días posteriores a la notificación.

Después se abrirá el llamado “período de prueba” de 30 días para recibir las pruebas que presenten la denunciada y el denunciante, así como las que la sección considere necesarias.

Cerrado ese proceso se abrirá el período de alegatos con una duración de nueve días y a su término la sección instructora formulará sus conclusiones.

De considerarse que, una vez conocidas las pruebas y escuchado los alegatos, la denunciada es responsable de los hechos que se le imputan, dentro de los tres días siguientes la Cámara de Diputados se erigirá en un “Órgano de Acusación”, previa declaración de su presidenta y comparecerán tanto los denunciantes como la denunciada.

Para alegar lo que a su derecho convenga, una vez escuchadas las partes, se procederá a discutir y a votar las conclusiones de la Sección Instructora.

Si la Cámara de Diputados resuelve que procede la acusación, la denunciada será puesta a disposición de la Cámara de Senadores, y se designará una comisión de tres diputados para que ellos sostengan la acusación ante la cámara revisora.

Recibida la acusación el Senado turnará el asunto a la “Sección de Enjuiciamiento”, que recibirá los alegatos de la comisión de diputados y la acusada presentará sus conclusiones dentro del plazo de cinco días.

Recibidas las conclusiones el Pleno del Senado se erigirá en jurado de sentencia y si su decisión es condenatoria la sancionará con la inhabilitación hasta por 20 años para el ejercicio de empleos, cargos y comisiones en el servicio público.

kg