Un juez federal rechazó este miércoles la petición del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para anular la declaración de desafuero que emitió en su contra el pleno de la Cámara de Diputados federal.

El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santo Pérez, desechó el amparo solicitado por la defensa del mandatario tamaulipeco por considerarlo notoriamente improcedente.

El mandatario estatal argumentó que la Cámara de Diputados se extralimitó en sus facultades constitucionales, pero el Juez resolvió que el acto que reclamó se trata de una facultad exclusiva del Congreso de la Unión.

“Este órgano de control constitucional observa que la litis planteada por la parte quejosa no es procedente en el juicio de amparo, dado que pretende impugnar una resolución que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión emitió en uso de una facultad exclusiva y soberana”, mencionó el juez en su resolución.

Contrató gobernador despachos en Estados Unidos

La fundación para la seguridad internacional InSight Crime dijo este miércoles que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contrató despachos en Estados Unidos para “mitigar” los efectos del expediente que supuestamente compartieron autoridades estadounidenses a la Fiscalía General de la República.  

“Cabeza de Vaca, sin embargo, se ha puesto a la defensiva por la avalancha de acusaciones de delitos financieros y vínculos con dineros ilícitos del crimen organizado. A mediados de abril, contrató una firma de abogados estadounidenses para mitigar los efectos de la información financiera confidencial presuntamente filtrada por funcionarios mexicanos, según información hecha pública por el Departamento estadounidense del Tesoro en el marco de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). Su abogado también escribió una carta al director de la Red estadounidense de Control de Delitos Financieros (FinCEN) instándolo a investigar lo que parecen ser continuas filtraciones contra mi cliente”, dijo la fundación.

InSight Crime aseveró que la carrera pública del gobernador García Cabeza de Vaca ha estado rodeada de controversia, especialmente ahora en este cargo.

“Antes de ser elegido gobernador del estado, Cabeza de Vaca fue acusado de tener nexos con el Cartel del Golfo y de usar ganancias ilícitas de ese grupo para financiar su campaña a la alcaldía de Reynosa, en la frontera entre México y Estados Unidos. Durante su alcaldía entre 2005 y 2007, presuntamente otorgó una autorización especial al capo del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, para realizar un evento público por el Día del Niño en 2006. El exjefe del Cártel del Golfo se encuentra purgando una sentencia de prisión de 25 años por dirigir un vasto imperio narcotraficante que importó miles de kilos de cocaína y marihuana a Estados Unidos", mencionó el reporte.

Añadió que funcionarios mexicanos y estadounidenses han seguido la presunta actividad criminal de Cabeza de Vaca durante su gestión en la gobernación.

“En 2020, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), dependiente de la Fiscalía General de México, abrió una investigación por lavado de dinero. Presuntamente la subprocuraduría obtuvo varias escuchas telefónicas de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, que pueden vincular a Cabeza de Vaca con ganancias ilícitas de grupos del crimen organizado”, dijo.

La fundación InSight Crime recordó que la Fiscalía General de la República anunció el 10 de mayo que el Departamento de Justicia estadounidense había compartido su expediente sobre el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, y la investigación ofrece información sobre presuntas transferencias ilegales de dinero y otras irregularidades financieras por parte del mandatario y algunos familiares.

Francisco García Cabeza de Vaca fue desaforado por la Cámara de Diputados el 30 de abril para que la FGR lo pudiera investigar por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Sin embargo, un día después el Congreso de Tamaulipas rechazó la acción. Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá el caso.

InSight Crime expuso que “Cabeza de Vaca es sospechoso de tener vínculos con grupos del crimen organizado y de lavado de dineros ilícitos durante su periodo en la gobernación, según la Fiscalía General. Los fiscales alegan que el Gobernador amasó una fortuna de varios millones de dólares que no parece provenir de sus ingresos como funcionario público”.

Indicó que esto incluye un buen número de bienes ocultos, entre ellos 30 propiedades en Texas y Tamaulipas, valuadas en unos 951 millones de pesos mexicanos, las cuales fueron adquiridas por empresas vinculadas a su familia.

La FGR sostiene que entre 2016 y 2019 el funcionario operó una red en su estado, mediante la cual otorgó contratos públicos a firmas que beneficiaban a varios parientes suyos.

Cabeza de Vaca ha rechazado las acusaciones, y calificado el retiro de su inmunidad como una “patraña” y como “linchamiento político y criminal orquestado por el gobierno”, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llamado a esperar la resolución de la Suprema Corte este caso.

jorge.monroy@eleconomista.mx

kg