El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos, adelantó que la iniciativa que entregará al Congreso el presidente Enrique Peña en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes permitirá que representantes de organismos internacionales puedan visitar los penales, lugares donde es susceptible que se cometan estos delitos; además, adelantó que la PGR presentará un proyecto para evaluar las políticas públicas de derechos humanos.

En el Senado, al participar en un foro en materia de tortura, el funcionario dijo que el gobierno federal trabaja en la ley secundaria contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y que especificará las sanciones penales para las personas que hayan participado o tolerado estos delitos.

Precisó que se abrirá la puerta para que no sólo la CNDH y la PGR puedan acudir a los penales o cárceles para prevenir o atender los casos de tortura, sino que la iniciativa abrirá la puerta para que organismos internacionales hagan lo propio, pero se respetará el derecho de los internos que por razones personales no quieran entrevistarse con los funcionarios o autoridades internacionales. Las visitas a los penales podrán ser periódicas, planeadas o no agendadas.

Además, se fortalecerá y regulará el Mecanismo Nacional contra la Tortura, el cual estará encabezado por el ombudsman nacional y se integrará con todos los titulares de las instituciones locales de derechos humanos. Lo presidirá el presidente de la CNDH y se reunirán cada cuatro meses por lo menos o en casos de urgencia.

El titular de la CNDH, actúa como presidente del mecanismo y puede además invitar de manera permanente a personas o instituciones o representantes de la sociedad civil, de la academia, de los organismos nacionales e internacionales encargados de la protección y defensa de los derechos humanos para que aporten sus conocimientos, sus experiencias, su voz crítica respecto de la operación del mecanismo , dijo

Eber Betanzos adelantó que en breve, la PGR presentará un proyecto a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que establece indicadores de derechos humanos elaborados junto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Especialistas como Miguel Sarre Iguíniz, investigador del ITAM; Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, y Miguel Nava Alvarado, presidente de la Defensoría de la Derechos Humanos de Querétaro argumentaron que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura no ha cumplido el objetivo para el que fue creado, por lo que debe ser transformado totalmente en la ley secundaria que el Senado prepara.

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