Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador trazara la ruta a seguir para concentrar las funciones de algunos organismos autónomos en las secretarías de gobierno, integrantes y exintegrantes de estos entes reguladores advierten una transgresión a los derechos humanos, además de que en el caso del IFT, sería violatorio del T-MEC.

Este jueves, en su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano dio a conocer que para el próximo periodo de sesiones del Congreso —que inicia en febrero— enviará un paquete de iniciativas, las cuales incluyen una reforma sobre la función de los órganos autónomos, con el fin de “seguir ajustando el marco legal a la nueva realidad”.

Detalló que tras realizar un análisis con las secretarías, se decidirá cuáles concentrarían funciones de los órganos autónomos, porque a su parecer existe duplicidad de funciones.

Específicamente, el mandatario mencionó los cambios que busca generar sobre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que se integre a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), tras asegurar que los directivos están “muy vinculados” con empresas extranjeras.

Además del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) que, consideró, podría ser regulado por la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción.

Sobre el tema, el actual comisionado del IFT, Mario Germán Fromow Rangel, consideró que la autonomía y creación de este instituto no fue resultado de la improvisación o de una situación caprichosa, y se debió a la exigencia de más de dos décadas para que la población tuviera acceso a un mayor número de información, y a más y mejores servicios de telecomunicación.

La autonomía del IFT ha sido el medio para garantizar que la toma de decisiones de varios sectores esté basado en la especialización técnica, ajena a intereses políticos y económicos”, subrayó. 

Por lo que advirtió que al plantear su desaparición se corre el riesgo de un retroceso a un esquema de 25 años, además de que las decisiones ya no se tomen desde un punto técnico especializado, que requiere el sector, y se privilegien políticas o acciones que dependan de una sola persona. 

Asimismo, el integrante del pleno del IFT insistió que no existe una duplicidad de funciones con la Secretaría de Comunicaciones, ya que dicha dependencia tiene que ver con una política pública, mientras que el Instituto es el regulador del sector, “situaciones que en la mayoría de los países están separados”. 

Sobre el argumento del presidente de un ahorro de recursos con la eliminación del IFT, Fromow Rangel recordó que su presupuesto es de 1,500 millones de pesos, mientras que tan sólo en el primer trimestre del 2020, por cuestiones relacionadas con acciones del IFT ingresaron 121,000 millones de pesos, lo que se podría traducir a que es “prácticamente mínimo el gasto del Instituto a los ingresos que genera al país”.

Por su parte, Adriana Labardini, quien fuera comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones del 2013 al 2018, enfatizó que la reforma planteada por el mandatario mexicano es completamente regresiva, al tiempo que es violatorio a lo plasmado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Al interior del T-MEC está la obligación del Estado mexicano de mantener un programa autónomo, totalmente independiente de la administración pública y que sea el regulador de todo lo que es telecomunicaciones y medios, que no puede desaparecer, debilitar ni cooptar el gobierno”, puntualizó. 

De lo contrario, añadió, México podría ser llevado a un panel entre los otros dos países por un flagrante incumplimiento al tratado comercial, ya que pone en riesgo las inversiones de estos países.

maritza.perez@eleconomista.mx