Treinta de los 52 funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado de México investigados por violaciones a los derechos humanos por su actuación en el levantamiento de cuerpos y alteración de la escena del crimen en la bodega de Tlatlaya, fueron inhabilitados o destituidos.

El secretario de gobierno del estado de México, José Manzur Quiroga, informó que fueron emitidas las primeras 30 sanciones administrativas contra funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que estuvieron involucrados en el caso Tlataya.

Se trata de funcionarios que estuvieron involucrados en el levantamiento de cadáveres y en las primeras indagatorias que se realizaron por parte de la Procuraduría mexiquense tras la muerte de 22 civiles en una bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya, cuyas muertes se atribuyeron a elementos del Ejército, aunque los elementos procesados ya fueron liberados.

Manzur Quiroga precisó que ocho servidores públicos de la Procuraduría estatal fueron destituidos definitivamente de su cargo, mientras que a otros 22 les fue determinada una suspensión por un mes o más tiempo de sus actividades.

Los funcionarios destituidos e inhabilitados fueron encontrados responsables de violar el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.

Respecto a los otros 22 elementos de la PGJEM que faltan por ser sancionados, Manzur explicó que su proceso está suspendido debido a que promovieron juicios de amparo.

Cabe destacar que los ocho servidores públicos destituidos enfrentan un proceso en libertad tras el pago de una medida cautelar económica.

Destacó que esas sanciones fueron resultado de la indagatoria que realizó Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM), y no descartó más destituciones o inhabilitaciones por los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, donde 22 civiles fueron dados de baja por elementos del Ejército.

Como parte de esos hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 51/2014 del 21 de octubre de 2014 para el gobierno del Estado de México y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la que pidió investigar la posible alteración de la escena por parte de elementos de la Procuraduría del estado de México que arribaron esa noche del 30 de junio a la comunidad El Limón en Tlatlaya.

Antes de la petición de la CNDH, el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito ordenó la liberación de los militares Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, detenidos por su presunta responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales.

Cabe destacar que los elementos del Ejército que participaron en el operativo de Tlatlaya ya quedon en libertad: Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, luego de que el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito ordenó su liberación por falta de pruebas.

Esos elementos se suman a los elementos Ezequiel Rodríguez Martínez, Samuel Torres López, Julio César Guerrero Cruz, Alán Fuentes Guadarrama, quienes fueron liberados en octubre del 2015.

Cabe destacar que, según el informe de la CNDH, 12 de los 22 civiles asesinados en Tlatlaya fueron ejecutados extrajudicialmente por los miembros de las fuerzas castrenses, debido a que no opusieron resistencia.

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