Con 66 votos a favor, 12 en contra y una abstención, el Senado aprobó modificaciones a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, para aumentar las penas a quienes roben combustible.

De acuerdo con las modificaciones, se contemplan penas de 20 a 30 años de prisión a quien sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin consentimiento de asignados, contratistas, permisionarios y distribuidores.

Además de hacerse acreedores a una multa de 20,000 a 25,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente (UMA).

También habrá penas de 17 a 25 años de cárcel y multa de 17,000 a 27,000 veces el valor de la UMA contra quien directa e indirectamente reciba, recaude o aporte fondos económicos o cualquier recurso cuando sepa que éstos se utilizarán para cometer delitos tipificados en esta legislación.

Mientras que sanciones de 10 a 14 años de prisión y multas de 10,000 a 14,000 la UMA para quien obligue, intimide mediante coerción, amenaza o aplique cualquier tipo de violencia contra quien presente servicios para asignatarios, contratistas, permisionarios y contratistas.

Durante la discusión, la senadora del PRD, Angélica de la Peña, destacó que el verdadero problema para combatir el problema del robo de hidrocarburos es que las autoridades “son incapaces, son omisas y habrá que ver si también están vinculadas con comisión de delito”, por lo que consideró que no están cumpliendo con su responsabilidad.

En tanto el legislador del Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett, señaló que el dictamen sometido al pleno es una “vergonzosa simulación”, pues puntualizó que el aumento de las penas “no resuelve nada”.

En su oportunidad, Raúl Pozos Lanz, del PRI, consideró el robo de combustibles como un problema de seguridad nacional y afirmó que las modificaciones con aumento de penas y multas “será un mecanismo que desincentive a las bandas de criminales para seguir realizando esta actividad ilícita”.

Fernando Mayans Canabal, del PRD, argumentó en contraste que el Senado “está viviendo en Alicia en el país de las maravillas” porque con la creación de más leyes y aumentando penas se piensa que se va a terminar con el robo de hidrocarburos.

“Hay huachicoleros de arriba y huachicoleros de abajo, pero lo más importante son los de arriba. ¿Cómo es posible que los gobernadores no estén informados?, claro que lo están, pero son parte del negocio”, afirmó.

El dictamen aprobado fue enviado al poder Ejecutivo para su publicación.

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