México ha fallado en proteger grupos vulnerables como periodistas, migrantes y defensores de derechos humanos al tiempo que se mantiene la impunidad de militares, destacó Human Rights Watch (HRW) en su informe anual difundido en El Cairo.

El reporte, con datos de 2011, reseñó que esos grupos son blanco tanto de organizaciones criminales como de los cuerpos de seguridad, sin que el gobierno del presidente Felipe Calderón les haya provisto "de protección o adecuadas investigaciones de los crímenes en su contra".

"El gobierno creó en diciembre 2010 un mecanismo de protección para los periodistas pero carece de funciones claras y pautas de funcionamiento y hasta ahora ha fracasado en ofrecer protección efectiva", especificó el informe.

Desde el año 2000 a septiembre de 2011, 74 periodistas fueron asesinados -ocho el año pasado- y "aunque muchos ataques en 2011 fueron atribuidos al crimen organizado, evidencias apuntan a la posible participación de funcionarios del Estado en algunos casos".

Sobre los migrantes, detalló que unos 18,000 son secuestrados cada año, muchas veces con el fin de extorsionar a familiares en Estados Unidos mientras del tercer grupo, los defensores de derechos humanos, dijo que persiste el acoso y ataques sin que se vean progresos para instaurar el mecanismo de protección anunciado por el presidente Calderón en julio de 2011.

El reporte apuntó a las fuerzas militares como responsables de "serias violaciones a los derechos humanos, incluyendo homicidios, torturas y desapariciones forzadas".

"Una de las razones principales de que persistan los abusos militares (...) es que casi nunca son llevados ante la justicia", resaltó el informe. Apuntó que muchos casos van a la justicia militar y no la civil, como ha ordenado la Corte Suprema de México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Mientras la procuraduría militar abrió 3,671 casos por este tipo de atropellos entre 2007 y junio 2011, "solo 15 soldados fueron condenados durante ese periodo", puntualizó HRW.

Sin embargo, también el sistema judicial tiene deficiencias y está "plagado de abusos", donde la tortura se mantiene como "un problema serio" y donde algunos jueces aceptan confesiones obtenidas a través de malos tratos.

Por último, el informe cuestionó que Estados Unidos siga dando ayuda a México para combatir el crimen organizado a pesar de estar condicionada al cumplimiento de requisitos sobre derechos humanos "que México no ha cumplido".

klm