Este miércoles, se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión para la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa, en donde se acordó estrechar lazos con organismos de derechos humanos internacionales para dar continuidad a las líneas de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y avanzar en las indagatorias sobre el paradero de los normalistas.

La reunión que se realizó entre los padres de los normalistas, representantes de organizaciones civiles y autoridades comandadas por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, se realizó a puerta cerrada y duró alrededor de dos horas.

El integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, quien participó en la primera sesión de la comisión, realizada en las instalaciones de la Segob, indicó en entrevista que fueron básicamente tres los resolutivos a los que se llegaron en la primera reunión.

El primero fue fortalecer la cooperación y la asistencia técnica en lo referente a las líneas de investigación del caso con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), dijo.

En este sentido, hace unos meses la CIDH presentó en la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en donde estudiaban los 43 normalistas desaparecidos, el Informe de Balance: Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa de la CIDH.

En éste, el organismo de derechos humanos, dependiente de la Organización de los Estados Americanos, destacó diversas líneas de investigación que no se han seguido en las indagatorias sobre el paradero de los normalistas, como la utilización de los números móviles de los estudiantes tras su desaparición el 26 de septiembre del 2014.

Además de la participación de policías municipales, federales, estatales y elementos del Ejército.

“En cuanto a las investigaciones internas, la CIDH continuará dando seguimiento a las investigaciones realizadas sobre las graves denuncias de tortura, sobre denuncias de ocultamiento de pruebas, así como al presunto intento de infección de malware a miembros del GIEI”, se asentó en las conclusiones del informe.

Vidulfo Rosales precisó que el segundo resolutivo fue que en la siguiente sesión de la comisión, a realizarse el próximo 20 de febrero, se integrará como parte de la mesa de análisis el representante en México de la Oficina del Alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Jan Jarab.

El objetivo de que se integre el representante de Naciones Unidas es que sea testigo y colabore en las investigaciones internas sobre las irregularidades que cometió la ahora extinta PGR en las indagatorias, comentó el activista.

Mientras que el tercer acuerdo al que se llegó es que el Estado mexicano comparezca ante la CIDH en su periodo de audiencias públicas, a finales de febrero, agregó Rosales.