Vidulfo Rosales, abogado de los padres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reconoció la labor de búsqueda que han hecho autoridades federales desde hace dos años que inició la nueva investigación del caso. Sin embargo, resaltó que en todo ese tiempo, y a tres años del actual gobierno federal, no hay avances que concluyan sobre el paradero de los estudiantes.

Al salir de Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este viernes a padres y familiares de los jóvenes desaparecidos a fin de presentarles un informe del caso, Vidulfo Rosales dijo que no hay profundización de la Fiscalía General de la República en líneas de investigación solicitadas por los padres, como la posible participación de elementos del Ejército en los sucesos del 26 y 27 de septiembre en Iguala.

“En esta reunión se planteó, primero, se reconocen los avances que ellos están presentando, son los avances de la barranca de la carnicería, los hallazgos encontrados y las identificaciones y algunas detenciones que se han efectuado que ya conocen; eso se reconoce. Pero se le hizo énfasis que no vemos avances en la Fiscalía General, también se hizo énfasis que no vemos avances respecto de la profundización en la investigación al Ejército mexicano y al Poder Judicial vemos claroscuros porque el criterio apunta más a favorecer a los imputados a las personas acusadas que a las víctimas, entonces no hay un criterio que equilibre entre los derechos de las víctimas y los derechos de los acusados”, dijo Rosales.

Añadió que los padres le hicieron ver al presidente López Obrador, “que no está caminando (la nueva investigación). Que, como él mismo lo ha dicho, es un elefante blanco que no camina. Eso le dijimos”.

Precisó que al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, “le dijimos: tenemos ejemplos importantes de que no está caminando; no se han ejecutado órdenes de aprehensión desde hace 6 meses, 40 órdenes sin poder ser ejecutadas, no se ha traído a Tomás Zerón, no se ha podido traer aquí para su procesamiento, hay funcionarios enquistados de la anterior Procuraduría General de la República”.

Vidulfo Rosales expresó que, a su juicio, “el Ejército estuvo siguiendo a los estudiantes, los estuvieron monitoreando a través del C4, hay un testigo en términos judiciales que dice que fueron ingresados por lo menos 25 estudiantes al batallón de infantería. Estos elementos hacen presunción que se debe desplegar una investigación exhaustiva. Eso se le planteó. La respuesta del Presidente es que van a valorar, a revisar esos casos, pero él plantea que tenemos avances, que está consciente que falta más y se va a seguir avanzando en lo que falta”.

Por ello, el abogado de los padres y familiares del caso Ayotzinapa dijo que “se reconocen los avances que ya se tienen, pero a los ojos de los padres, a los sentimientos de los padres, es que lo poco que se tiene, no está establecido el paradero con claridad, no se ha esclarecido cabalmente qué sucedió el 26 de septiembre y entonces falta mucho por hacer, eso se le dijo”.

“Se le dijo que los avances, desde la visión de los padres, son mínimos, y él (el presidente López Obrador) dice que entiende esa parte, pero que considera que tenemos algunos avances. Nosotros al menos no se comparte”.

Vidulfo Rosales recordó que el próximo domingo se llevará a cabo una marcha en la Ciudad de México para recordar los siete años que han transcurrido desde la desaparición de los 43 estudiantes.

El 26 de septiembre del 2019, Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), anunció el relanzamiento de esa investigación, la cual inició con citatorios al ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam; al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.

jorge.monroy@eleconomista.mx