La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró que la PGR hizo mal uso de recursos públicos y afectó  la equidad de la contienda al publicar un comunicado y un video del momento en el que el candidato presidencial Ricardo Anaya acudió a finales de febrero a sus instalaciones para presentar un oficio de denuncia.

Por unanimidad, los magistrados determinaron que existió uso parcial de recursos públicos por parte del subprocurador especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, Alonso Israel Lira Salas, y el director general de Comunicación Social de la PGR, Rafael Lugo Sánchez.

Lo anterior por la difusión de dos comunicados de prensa, uno de ellos a través del cual informaba sobre la puesta a disposición del público de la videograbación íntegra del sistema institucional de control de acceso de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) del día en que Anaya acudió acompañado por una comitiva.

Los magistrados argumentaron que ambas comunicaciones mencionan de manera explícita la calidad de Ricardo Anaya como candidato a la Presidencia de la República y al no tener certeza o claridad sobre el contenido publicado, podría generar una posible confusión o desinformación en los votantes.

Sobre el video, la Sala Regional advirtió el uso de los datos personales del candidato de manera indebida, lo que pone en riesgo su privacidad; por tanto, se dio vista al Órgano de Control Interno de la PGR.

En el comunicado sobre el video publicado el  28 de febrero, el Ministerio Público Federal señalaba lo siguiente:

“La Procuraduría General de la República, conforme a sus facultades constitucionales y legales, al no contravenir ninguno de los principios del debido proceso, la salvaguarda de la presunción de inocencia y al no violentarse la integridad, ni la privacidad de las personas, pone a disposición la videograbación íntegra que el sistema institucional de control de acceso registró desde el momento que ingresaron a las instalaciones hasta que se retiraron de las mismas.

“La Procuraduría General de la República reitera que actúa conforme a la ley, lleva a cabo investigaciones en el marco de obligaciones constitucionales sobre la posible comisión de delitos y es ajena a los procesos electorales o actividades partidistas”.

Con motivo de las consideraciones sobre el uso de datos personales de Anaya, la Sala también dará vista al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo las acciones legales que considere.