El Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en Tamaulipas resolvió que sí existe sustento constitucional, convencional y legal para que la Procuraduría General de la República (PGR) pueda crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Los tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado, al resolver por unanimidad los incidentes de inejecución 4/2018 a 7/2018, dejaron sin efectos la resolución del Tercer Tribunal Unitario de Tamaulipas, en la que se señaló que existía imposibilidad jurídica para la creación de dicha comisión de investigación ante los argumentos esgrimidos en apelación presentados por el agente del Ministerio Público Federal.

Los impartidores de justicia federal estimaron además que no se puede invocar el derecho interno para no cumplir compromisos internacionales; conforme a la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Convención de Viena se debe atender el caso bajo la óptica que establece el Artículo 17 constitucional: que se debe privilegiar la solución de conflictos, sobre los formalismos procedimentales.

En relación con la CNDH en la comisión de investigación del caso Ayotzinapa, se destacó que en ninguna parte de la ejecutoria de amparo se indicó que investigarían delitos, sino hechos, en específico los del 26 y 27 de septiembre del 2014, en Iguala, y que una vez que la comisión emprenda su misión, podrá llegar a un punto, que es analizar o explorar determinada línea de investigación, y pueda formular una recomendación.

En la nueva sentencia aprobada a través del proyecto del magistrado Mauricio Fernández de la Mora, se explica que derivado del análisis sí existe sustento constitucionalpara la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia.

En la sentencia aprobada por el colegiado sobre el juicio de amparo se ordenan tres resolutivos:

“Primero. Se deja sin efectos la resolución del 18 de julio de 2018, dictada por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad (Reynosa), dentro del incidente de imposibilidad de cumplimiento de fallo protector”.

En segundo término se señala “que no existe imposibilidad jurídica” para el cumplimiento de la ejecutoria dictaminada del amparo en revisión.

En el tercer resolutivo, el colegiado señala que no se separará a ningún funcionario encargado de crear la comisión, pese a que la fracción XVI del Artículo 107 constitucional indica que a aquel funcionario que no cumpla una sentencia se le separará del cargo. Esto bajo el argumento de que no se está cumpliendo con la totalidad del referido artículo.

El Centro ProDH celebró la confirmación de la sentencia, al tiempo que afirmó que la decisión del Tribunal abre de nueva cuenta la oportunidad para que el gobierno entrante ordene la creación de la comisión y se refuerce la supervisión internacional mediante el regreso del GIEI-CIDH y la participación de las Naciones Unidas.

politica@eleconomista.mx