El proceso de extradición a México del ex gobernador Javier Duarte, detenido en Guatemala el fin de semana por un escándalo mayor de corrupción, tardaría entre seis meses y un año, dijo el lunes 17 de marzo un funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR).

"La experiencia que hemos tenido (...) en extradiciones con el Estado de Guatemala, estamos hablando de alrededor de seis meses a un año", dijo el subprocurador jurídico de la PGR, Alberto Elías Beltrán, a la cadena de televisión Televisa. "En Guatemala, todas las resoluciones dentro del proceso de extradición son recurribles y vía amparo también, entonces es un proceso que lleva un tiempo", explicó el subprocurador.

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La fiscalía tiene 60 días para presentar el pedido y hará lo posible para que el proceso se efectúe sin "agotar los tiempos", afirmó Beltrán en la entrevista.

En caso de que Duarte, de 43 años, opte por no dar batalla legal, el proceso podría completarse en "dos o tres meses", precisó.

Beltrán consideró que la fiscalía mexicana cuenta con un caso sólido para juzgar al exgobernante y descartó que éste pueda quedar libre en poco tiempo debido a la gravedad de los cargos que enfrenta.

"Estamos hablando de delincuencia organizada, delitos que van desde 20 a 40 años, y de lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita que la penalidad es de cinco a 15 años", afirmó.

El ex gobernante del estado petrolero mexicano de Veracruz de 2010 a 2016 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) -al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto-, está acusado de desviar multimillonarios fondos públicos. Durante la gestión de Duarte, Veracruz se convirtió en uno de los estados más violentos de México, con sangrientos asesinatos por parte de cárteles narcotraficantes, varios casos de desaparición forzada y el asesinato de numerosos periodistas.

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Duarte fue capturado por policías de Guatemala y México y de Interpol el sábado en un hotel del pueblo turístico Panajachel tras más de cinco meses de búsqueda durante los cuales habría permanecido en distintos puntos del país centroamericano.

Miembro del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lo expulsó de sus filas en octubre, Duarte había renunciado a su cargo mes y medio antes de terminar su mandato, asegurando que no huiría y daría cara a las acusaciones en su contra.

No es el único exgobernador mexicano perseguido por la justicia: Tomás Yarrington, que dirigió Tamaulipas (norte) de 1999 a 2005, fue detenido el 9 de abril en Italia por lazos con el narcotráfico.

El exgobernador de Quintana Roo (este) Mario Villanueva fue detenido en 2001, extraditado a Estados Unidos y condenado por vínculos con el tráfico de drogas antes de ser devuelto a México, donde fue nuevamente encarcelado.

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El actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, dijo el domingo que Duarte realizó un verdadero "saqueo" de las arcas del estado, dejándolo en ruinas, y exigió que él y sus cómplices devuelvan lo robado.

Yunes dijo el lunes a la radio local que Duarte posee al menos diez viviendas valoradas en millones de dólares en lugares como Arizona, Nueva York, Miami, España y otros sitios en México.

Un abogado de Duarte en Guatemala dijo el domingo que probablemente su representado aceptaría ser extraditado a México. De ser así, el proceso sería más rápido y Duarte podría estar de regreso en México para enfrentar a la justicia en dos o tres meses, dijo el subprocurador Elías Beltrán.

La captura de Duarte es un punto a favor para el presidente Peña Nieto, cuya popularidad está en niveles muy bajos y a quien muchos mexicanos lo culpan de no haber hecho lo suficiente para combatir la extendida corrupción en el país.

Críticos de Peña han dicho que el arresto de Duarte busca ganar apoyo para el PRI antes de la elección en junio de un nuevo gobernador en el Estado de México, bastión del partido y estado natal del presidente, cuyos comicios son considerados cruciales para las presidenciales del 2018.

Con información de AFP y Reuters

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