Luego de que se dieran a conocer los borradores de las reformas que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar el sistema de procuración y administración de justicia, expertos en la materia calificaron las posibles modificaciones como un retroceso y que no deberían presentarse.

Entre los cambios que propone el Ejecutivo federal están la creación de un Código Penal único para homogeneizar algunos delitos en las 32 entidades del país, así como la figura de arraigo por 40 días para todos los delitos y no exclusivamente para delincuencia organizada, como se encuera vigente en la Constitución Política.

En entrevista, el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Martín Barrón, aseguró que, si bien es perfectible la reforma del 2008, el problema fundamental en el sistema de justicia es que los ministerios públicos y los órganos competentes no saben investigar los delitos.

“En lugar de estar avanzando para mejorar el sistema lo que estamos haciendo es dar golpes de ciego sin saber cómo hacer realmente una reforma. En lugar de mejorar vamos a generar mayor incertidumbre jurídica, ahora haciendo un sistema acusatorio adversarial mixto. Esto quiere decir que tiene cosas del sistema inquisitivo”.

Comentó que de ser aprobado el paquete de iniciativas como se planteaban se estarían echando por la borda más de 10 años de presupuesto ejercido en un sistema de procuración y administración de justicia que se ha estudiado desde el 2008.

“Esto no quiere decir que el sistema acusatorio sea la panacea, sino que el sistema como tal del 2008, que entró en vigor al 2016, lleva tres años de funcionamiento. Puede haber deficiencias, pero hay que mejorarlo, y no con una contrarreforma”.

Por otra parte, calificó como positivo el planteamiento de un código único, pero indicó que debe ser para los delitos del fuero común, y recordó que los legisladores estatales han estado en contra de un código único al sostener que vulnera la soberanía de las entidades. El experto consideró necesario homogeneizar al menos 20 delitos.

En ese sentido, el académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Javier Dondé Matute, destacó que los códigos penales estatales se han utilizado como una herramienta para gobernar, pero también como una herramienta excesiva en contra de los opositores políticos.

“Me parece que la figura en términos generales de un Código Penal Único sí podría ayudar, porque es una buena medida. Lo que pasa es que también habría que ver puntualmente cómo será elaborado, ya que se debe analizar artículo por artículo y los beneficios. De lo contrario, podría ser un retroceso”.

El experto en derecho penal rechazó la propuesta de eliminar al juez de control, y aseguró que es una figura que ayuda a salvaguardar los DH. Al igual, aseguró que no hay manera de defender el arraigo y por el contrario consideró que la figura desincentiva la investigación de los delitos.

“Me parece que en realidad la reforma no debería presentarse. Considero que si se reforma lo único que va hacer es generar mayores violaciones a derechos humanos y no va contribuir en nada a dar mayor seguridad. Esperaría que para mejorar el sistema de justicia penal no se presentaran estas modificaciones”, agregó.

El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Israel Trujillo, agregó, por su parte, que pese a estas modificaciones, de las cuales consideró también que no son positivas, no se cambiará la situación de seguridad y justicia en el país.

“El grupo en el poder pretende nuevamente cambiar con decreto realidades que no se pueden cambiar mientras no mejora la economía, la educación y las condiciones sociales y económicas de este país. La delincuencia va a seguir estando, no se va acabar con esta reforma”, enfatizó.

Finalmente, dijo que estas modificaciones no contemplan la presunción de inocencia, figura adquirida con el sistema penal acusatorio, por lo que declaró que esta reforma pretende ser regresiva de antaño.

“Se está regresando a un sistema de enjuiciamiento que estuvo vigente en este país durante más de 80 años y que fue violatorio de derechos fundamentales”.

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