Un grupo de expertos de las Naciones Unidas solicitó al gobierno de México llevar a cabo una investigación transparente, independiente e imparcial sobre las denuncias de la presunta utilización de spyware contra defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas.

Los relatores especiales de las Naciones Unidas, Michel Forst, David Kaye y Joseph Cannataci, así como la presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Houria Es-Slami, declararon que las denuncias de vigilancia dan cuenta del entorno hostil y de desprotección que enfrenta este grupo de profesionistas en el país.

El llamado de los expertos se produce a un mes de las revelaciones hechas por organizaciones civiles y medios internacionales sobre el presunto uso por parte de autoridades mexicanas de un spyware denominado Pegasus para intervenir los teléfonos celulares de personas involucradas en la investigación y denuncia de casos de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos durante el 2015 y el 2016.

De acuerdo con información pública, la intervención informática habría afectado a periodistas y defensores de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), así como a miembros de organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y del Instituto Mexicano para la Competitividad.

También se habría visto afectado el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y algunos miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) convocados para coadyuvar en la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero.

Dada la gravedad de los hechos, el gobierno debe garantizar las condiciones necesarias para que la investigación se realice con independencia y transparencia , enfatizaron los expertos de la ONU en un pronunciamiento oficial.

La posible implicación en la compra y el uso de Pegasus de las mismas autoridades que ahora se encuentran a cargo de conducir la investigación es motivo de preocupación , indicaron. En ese sentido, llamamos al gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para asegurar la imparcialidad del órgano investigador .

Los expertos también hicieron un llamado para que se permita la participación de las presuntas víctimas en las investigaciones y para que se informe oportunamente a la sociedad sobre los resultados de las mismas.

ana.langner@eleconomista.mx