México presenta un problema estructural para el cumplimento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al no existir una ley que obligue la aplicación y cumplimiento irrestricto de las determinaciones de los tribunales institucionales, destacó el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón.

Este viernes 2 de septiembre la CIDH, autoridades y organizaciones defensoras se reunirán en audiencia privada para supervisar el cumplimiento de dos sentencias dictadas en contra del Estado mexicano: la del caso Radilla Pacheco y la de los campesinos ecologistas Cabrera García y Montiel Flores.

En mayo del 2015 el tribunal interamericano publicó dos resoluciones sobre la supervisión de cumplimiento de dichas sentencias que fueron emitidas en el 2009 y 2011, respectivamente. En ambos documentos la CIDH concluyó que el Código de Justicia Militar no cumple aún con estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Entrevistado como uno de los representantes para el caso Montiel Flores y Cabrera, Mario Patrón informó que expondrán entre los jueces interamericanos y funcionarios nacionales la falta de cumplimiento de la debida diligencia, entendida como la obligación del Estado de investigar graves violaciones a los derechos humanos en un plazo razonable.

La sentencia acerca de los campesinos ecologistas establece la necesidad de implementar un registro de detenciones que regule el tiempo entre la detención de una persona y la puesta a disposición; sin embargo, Patrón destaca que esta orden aún no se ha cumplido en el país.

En ambos asuntos la CIDH demandó al Estado mexicano la modificación del Código de Justicia Militar. El 30 de abril del 2014 fue reformado el artículo 57, con lo que se acotó la aplicación expansiva del fuero militar a víctimas civiles de violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas castrenses.

En dichos casos la Corte concluye en sus resoluciones de seguimiento que el Estado ha cumplido parcialmente su obligación de hacer reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el Código con los estándares internacionales en la materia y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En particular, debido a que es necesario acotar el fuero militar en casos de violaciones a los derechos humanos de los propios elementos del Ejército, es decir, las agresiones que cometen de superiores jerárquicos a inferiores.

Otro punto, explica Patrón, es que en la práctica el fuero militar continúa investigando casos de víctimas civiles, lo que genera que haya causas paralelas. El Ejército aún procesa el inicio de la investigación, lo que genera riesgo de una posible manipulación de la escena del crimen.

En el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en 1974, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos indica que el Estado mexicano no ha dado cabal cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana que obliga a investigar sobre el paradero del detenido desaparecido, brindar justicia en el caso y adecuar su marco normativo.

Es de recordar que ante el pleno del alto tribunal interamericano, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la actual administración seguirá cumpliendo las sentencias que emita el organismo multilateral.

ana.langner@eleconomista.mx