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Estados atoran reformas anticrimen
El Senado exhortó a los congresos locales que implementen a la brevedad las adecuaciones a sus legislaciones.
De los 31 estados y el DF, ni 50% ha aprobado en sus legislaciones las reformas federales en materia de combate al crimen organizado.
Por ejemplo, asegura el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Felipe González (PAN), sólo los estados de Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Quintana Roo han aprobado las reformas en materia de narcomenudeo; mientras que hasta hace unos días Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán, Zacatecas y Colima presentaron ya las iniciativas, estando pendiente su dictaminación en los Congresos locales.
Por ello, el Senado aprobó el pasado 7 de diciembre un punto de acuerdo para exhortar a los Congresos y los gobiernos de las entidades y municipios a que implementen a la brevedad las adecuaciones a sus legislaciones para igualarlas a la Reforma de Seguridad Pública y de Justicia Penal aprobada por el Congreso federal en marzo del 2008.
Al respecto, asegura el senador González, sólo los estados de Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Quintana Roo han aprobado las reformas en materia de narcomenudeo; mientras que hasta hace unos días Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán, Zacatecas y Colima presentaron ya las iniciativas, pero está pendiente su dictaminación.
Unidades antisecuestro
Refiere que en materia del delito de secuestro, uno de los compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la legalidad fue fortalecer su combate por medio de la creación de sendas unidades antisecuestro en las entidades federativas, lo cual implica también su capacitación, profesionalización y equipamiento para lograr que los procesos de actuación en la investigación y persecución de dicho delito se lleven a cabo con niveles internacionales.
El combate a este tipo de delincuencia se ha manifestado en los diferentes frentes desde la revisión y actualización constitucional, las reformas a la legislación secundaria y la expedición de leyes especiales para hacer más efectivas las acciones coordinadas del estado mexicano.
Los mayores agravios a la sociedad son la impunidad y la corrupción ya que si no hay garantías de certidumbre, de seguridad e integridad física y patrimonial para todos los mexicanos, no podemos avanzar hacia una sociedad más productiva y participativa para el desarrollo de nuestro país , enfatizó González González.
jmonroy@eleconomista.com.mx
