Las investigaciones que realizan autoridades estadounidenses sobre presuntos actos de corrupción de exfuncionarios de Pemex podrían escalar a una investigación a la empresa, consideró el coordinador de proyectos de transparencia, participación ciudadana y detección de redes de corrupción en compras públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Pablo Montes.

El integrante de ese centro de investigación en política pública y acción ciudadana subrayó que las pesquisas pueden escalar a Pemex porque se trata de una empresa que cotiza en la bolsa de valores de Estados Unidos.

Eso la coloca bajo la jurisdicción de una serie de normativas o leyes estadounidenses como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en ingles), que podría estar investigado a la persona moral que constituye Pemex y no sólo a sus funcionarios relacionados con sobornos.

“Si estas investigaciones avanzan, estos actos podrían ser investigados bajo este tipo de legislaciones estadounidenses”, refirió.

Para el especialista, lo preocupante es que este tipo de escándalos impactan en la reputación de la compañía y en la manera en la que los inversionistas y los analistas la consideran o la ven como una opción viable o no para hacer negocios.

Puso como ejemplo el caso de Petrobras, que después de los escándalos relacionados con Odebrecht, el valor de sus acciones cayó completamente.

Dijo que, si bien se trataría de casos de corrupción cometidos por funcionarios de administraciones pasadas, también hay que tener en cuenta si el diseño institucional que les permitiría hacer ese tipo de prácticas prevalece.

En ese plano mencionó que la estructura organizacional de la petrolera mexicana no favorece la transparencia, ni la rendición de cuentas, por lo que la administración actual debería estar pensando en grandes cambios institucionales para solventar este tipo de problemas y poderle dar un giro a la compañía.

“Si solamente se le inyecta dinero y no se hacen los cambios al diseño institucional o al gobierno corporativo, pues muy probablemente los problemas sigan”.

Recalcó que, aunque haya cambios de administración, la empresa es responsable por las acciones de sus funcionarios a lo largo del tiempo, sobre todo, en dado caso de que hubiera sanciones derivadas de la aplicación de las legislaciones estadounidenses. Concretamente se refirió al caso de que se impusieran sanciones por el daño ocasionado o multas.

En este caso recordó los casos de Siemens y Petrobras que han sido sancionadas económicamente por prácticas corruptas de sus exfuncionarios.

Por otra parte, destacó la clara voluntad política para acabar con la corrupción que muestra el presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso, pero dijo que es importante que esa intención se traduzca en acciones. “La corrupción no se combate sólo con voluntad política”.

También mencionó que el Jefe del Ejecutivo cuenta con toda la legitimidad política, producto por el amplio respaldo que tuvo en las urnas cuando lo eligieron presidente, por lo cual podría comenzar a generar reformas y acciones de política pública tendientes a terminar con la corrupción en el gobierno.

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