“Nosotras corremos un riesgo. La gente nos dice que somos un riesgo, un foco de contagio”, señalan con resignación cuatro encuestadoras del Inegi en la alcaldía Benito Juárez, quienes indican que, ante la contingencia provocada por el coronavirus, el censo debería parar, porque las personas se niegan a abrirles la puerta.

Día con día, desde el pasado 2 de marzo, al menos 151,000 encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizan el censo de Población y Vivienda 2020; buscando información de la población que vive en los casi 2 millones de kilómetros cuadrados del territorio nacional que se divide en 2.4 millones de manzanas, que pertenecen a 210,000 localidades urbanas y rurales, ubicadas en los 2, 465 municipios de las 32 entidades federativas.

“El censo no se va a parar y por necesidad no podemos renunciar. La cuarentena requiere de insumos y pues para comprar insumos necesitamos el salario”, expresa Blanca, una joven de menos de 30 años, quien considera que las medidas implementadas por el Inegi a raíz del brote viral son insuficientes, ya que no les entregaron directamente materiales como cubrebocas, gel antibacterial y sólo anunciaron un apoyo de 200 pesos para la compra de estos materiales, pero a pocos días de terminar el ejercicio poblacional.

“Si ya se tenía previsto que el censo no se iba a cancelar, pues mínimo hubieran tomado las medidas para proporcionar a todos los entrevistadores, que somos los que tenemos el contacto directo con las personas, guantes, gel o mínimo cubrebocas, lo cual hasta el momento no los han dado. Apenas en la mañana nos dijeron que nos iban a proporcionar 200 pesos para la compra de materiales, pero ya estamos en la fase final”, agregó la joven.

Apenas el 19 de marzo, el Inegi emitió un comunicado en el que informó las medidas que tomaría para continuar con el Censo de Población y Vivienda 2020; entre ellas, se estipulaba que el entrevistador tiene prohibido mantener contacto físico con los habitantes de un domicilio y que a los entrevistadores se les asignarían recursos para evitar la propagación del coronavirus como jabón, gel antibacterial, entre otros.

Además, los entrevistadores que pertenecen a los grupos identificados de alto riesgo no realizarían entrevistas en viviendas, situación que es reclamada por Claudia, otra entrevistadora que señala tener miedo de seguir en las calles, porque sufre de hipertensión, lo que la clasifica como sector de riesgo en caso de contraer el virus.

“Hay una falta de sentido común, de solidaridad humana (...) Yo sí tengo miedo, 60% de los que he entrevistado no me quieren dar el censo, entonces para qué nos exponen. Además, estamos trabajando los fines de semana cuando el contrato señala que es de lunes a viernes”, considera.

Sin embargo, la situación parece cambiar, dependiendo del área donde se realice el censo. En la Alcaldía Álvaro Obregón, en la zona del Pedregal, Luisa sigue tocando el interfón de las casas residenciales que no ha podido censar, muchas, refiere, porque los habitantes tienen miedo de dar su información por la inseguridad, lo que provoca que el llenado de los formatos muchas veces tenga datos incompletos.

“Un señor me dijo: ‘todos los años los recibo, pero como está la seguridad, este año ni te voy a abrir, hasta que se resuelva el tema no te abriré’. En otros casos no me dan datos de niños, incluso de todas mis encuestas, sólo tengo cinco casas con niños, todos los demás los niegan, pero yo no les puedo cuestionar sus respuestas, pero sí te das cuenta de que no te están dando la información completa”.

Desde el pasado lunes, El Economista buscó al Inegi para que fijara una postura respecto a los comentarios vertidos por las entrevistadas, sin que hasta anoche se tuviera una respuesta sobre su posicionamiento.

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