Pese a que en México existen diversas vías con las que se pueden sancionar conductas inadecuadas por parte de los funcionarios públicos, la impunidad administrativa a nivel federal llega a 80.69%, lo cual afecta la calidad de los servicios que presta el Estado, indicó la organización Impunidad Cero.

Entre los principales hallazgos del documento titulado: La impunidad administrativa en México: La ineficiencia del sistema que genera impunidad se encontró que el poder Judicial federal es el más efectivo en sancionar a sus integrantes ya que 14.56% de las infracciones queda en la impunidad. En contraparte, la institución a nivel federal con mayor impunidad administrativa fue la Fiscalía General de la República (FGR) con 100% de impunidad, al no haber sancionado a ningún servidor público durante el periodo analizado (2014-2019). Mientras que para el poder Legislativo la cifra fue de 52.83 por ciento.

El estudio detalló, a su vez, que en el poder Ejecutivo federal se redujo la impunidad de 92.25% en el 2018 a 84.80% en el 2019, aunque en ese mismo periodo bajaron considerablemente también las denuncias.

Según Darío Ángeles, unos de los autores de la investigación, “la impunidad administrativa existe cuando no se sancionan las irregularidades de los servidores públicos. La imposición de faltas administrativas sirve para reprimir conductas indebidas y mejorar la actuación de las instituciones”.

Situación por estado

En cuanto a las entidades federativas, la única para la cual se pudo calcular una impunidad global fue para Coahuila, ya que los cuatro poderes consultados, a través de solicitudes de información, respondieron todas las preguntas. Para este estado, el índice de impunidad se ubicó en 53.01 por ciento.

Las demás entidades no respondieron con información completa. Por ejemplo, Nuevo León otorgó información de su poder Ejecutivo, el cual tuvo un nivel de impunidad de 6.76%, con lo que respecta a al poder Judicial se registró 87.17% y para la fiscalía de la entidad la cifra se ubicó en 30.94%, no obstante, faltaron datos del Legislativo.

Por otro lado, los poderes Legislativos de Puebla y Querétaro son los que más alta impunidad administrativa tienen, con 98.8 y 84.6%, respectivamente. Sin embargo, un alto número de poderes legislativos estatales no dio información suficiente para poder hacer el cálculo correspondiente.

En las entidades federativas, en 52.7% de los casos se puede saber si la investigación inició por una denuncia, una queja o una auditoría.

En el resto, las autoridades no reportaron por qué medio se inició la investigación administrativa.

Causas por entidad

Para los tres poderes estatales y las fiscalías locales, en su generalidad, se identificaron las siguientes causas más frecuentes para iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa:

Prestación deficiente de servicio público, 339 casos; daño a la hacienda pública, 73 casos; y demora en el cumplimiento de funciones, 65 casos.

Al enfatizar que contar con un sistema de sanciones eficaz es un componente clave para que la función pública se desenvuelva correctamente, Luis Darío Ángeles González, autor de la investigación, documentó que luego de que se realizaron solicitudes de acceso a la información a 128 instituciones estatales y 4 federales (poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, así como a las procuradurías o fiscalías de justicia), se identificó que “las autoridades no cuentan con la información necesaria para analizar este fenómeno y recibimos información incompleta o dispersa”.

maritza.perez@eleconomista.mx