La legislación sobre el voto en el extranjero data del gobierno del ex presidente Vicente Fox, en el año 2003, que estipuló el voto vía postal, menciona el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Javier Santiago Castillo.

En el 2010, siete años después de la primera legislación en la materia, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) hizo pública una encuesta realizada entre migrantes mexicanos en EU, que arrojó que tan sólo 6.8% de los residentes en las cinco ciudades de mayor población mexicana en ese país reportaron conocer el procedimiento para votar en el exterior . Para el 2012, cuando repitió la encuesta el CIDE, la población con conocimiento del proceso del voto en el exterior subió levemente a 10.6 por ciento.

En el 2012, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) estimó que 98% de los votos emitidos en el exterior provenía de EU, mientras que sólo 2% era de una gama de 104 países.

El IFE reconoció que para esas elecciones no se logró cumplir el objetivo que era difundir el derecho al voto entre los connacionales.

Un año después, el entonces diputado panista Raúl Gómez Ramírez presentó ante el pleno una iniciativa que reforma la posibilidad de realizar campañas en el extranjero.

Entre los puntos principales, la iniciativa estipulaba que los partidos políticos podrían erogar hasta 5% del financiamiento público para realizar campañas mediante Internet y sólo para el cargo de presidente de la República; asimismo, que se podrían realizar actos de campaña en lugares públicos en el extranjero siempre y cuando se notifique al IFE (ahora INE), de la realización del acto y presenten un estimado presupuestal del costo del mismo .

Se propuso también instituir el voto por Internet, el cual debe contar con las características de ser auditable en cada una de las etapas de su desarrollo e implementación, otorgará la oportunidad al votante de corroborar el sentido del voto del elector, antes de su emisión . Estipula además que el votante sufragara cuantas veces quisiera en línea, esto con el objetivo de evitar la coacción del voto, tomando como el sufragio válido el último realizado por el ciudadano.

En materia del costo por el voto electrónico, la iniciativa pendiente de aprobar puntualiza que según un estudio realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en aquel entonces se habría erogado entre 37 y 44 millones de pesos.