La violencia de género en todas sus expresiones y diversidades es un fenómeno que ha incrementado de manera importante en los años recientes, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en materia estadística, social, administrativa y jurídica. Aún con las modificaciones a las leyes, los protocolos de acción, la tipificación de delitos o los talleres de capacitación el número de mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia no cede. 

Entre las muchas respuestas para entender por qué el impacto de todas las acciones destinadas a este rubro ha sido tan bajo encontramos la falta de sensibilización, los recortes presupuestales, la ausencia de diversidad en las autoridades, etc., pero hay una arista adicional: entender el sistema penal como el sistema único de justicia para los casos de violencia contra mujeres y niñas.

“En un primer momento hay que entender que el sistema penal mexicano no está diseñado ni para prevenir ni para erradicar la violencia de género, fue creado con enfoque de tratar delitos relacionados con la propiedad privada y la vida, pero no para tratar problemáticas estructurales como la violencia de género”, dijo Fátima Gamboa, codirectora de la organización Equis Justicia para Mujeres

En entrevista con El Economista explicó que entre la ineficiencia de los mecanismos públicos para erradicar la violencia de género y la exacerbación de estas agresiones con la pandemia ha quedado expuesto el fracaso de muchas de las estrategias implementadas para evitar la violencia, atenderla y sancionarla. 

Esto pasa porque aún cuando se han modificado las leyes para reconocer y sancionar los delitos de género sigue faltando la perspectiva para los peritos, los investigadores, los jueces y todas las instituciones de atención a víctimas, dijo la abogada y especialista en justicia con perspectiva de género. 

Por ejemplo, aunque la violencia doméstica y familiar se contempla en las leyes mexicanas, todavía el 87% de los tribunales a escala nacional no contemplan órdenes de protección a las mujeres víctimas de algún tipo de violencia. 

En México, sólo el 25% de las mujeres que han sufrido violencia sexual emitió una denuncia ante las autoridades y de las que denunciaron casi 80% calificó como muy mala la atención de los servidores que le atendieron en el Ministerio Público, según datos de la ENDIREH (Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares) del Inegi. 

Adicionalmente, de las mujeres que denuncian sólo 2 de cada 1,000 casos llegaron a sentencia. Estas cifras muestran que por la vía penal no se ha logrado siquiera reducir la violencia contra mujeres y niñas, específicamente la explícita, pero justamente en este tipo de agresiones se debe ampliar la perspectiva sobre lo que es “la justicia”, dijo Fátima Gamboa. “La justicia no es lo mismo para todas las víctimas, para muchas no es ver a sus agresores presos o con alguna sanción de otro tipo, sino que existan mecanismos que las protejan, que les den seguimiento y atención o que las asesoren para reinsertarse en la sociedad tras los episodios que vivieron”.

No es que la justicia penal no deba existir, sino que no debe ser considerada como el único mecanismo de justicia para las mujeres, adolescentes y niñas que son víctimas de algún tipo de violencia. Especialmente porque aun cuando, en contrasentido con la estadística, un caso llegara a sentencia penal de cualquier modo ese caso aislado no soluciona una problemática que es estructural, dijo. 

Documentar, visibilizar, discutir la problemática

En este sentido, es importante documentar y discutir la información sistematizada que se tiene disponible en términos de justicia. La experta enfatiza en la necesidad de integrar una perspectiva de género en los mecanismos de justicia que ya existen para los casos de violencia de género, replantearlos y fortalecerlos de modo que alcancen a tener un impacto importante en la lucha por la erradicación de cualquier agresión contra mujeres y niñas. 

Adicionalmente, desde la organización civil y algunos colectivos, se enfatiza en destinar más atención, presupuesto y recursos a la prevención de la violencia. Esta es el área de oportunidad más grande para las autoridades; “con la pandemia han quedado expuestas todas las carencias de las instituciones dedicadas a proteger a las víctimas, como los refugios para mujeres y los centros de justicia, y es ahí donde la intervención puede tener un impacto mayor”, dijo.

Cambiar las narrativas de violencia y de justicia

Por otro lado, es fundamental comenzar a integrar nuevas narrativas en todos los órdenes de la administración pública, no sólo cambiar la narrativa de la justicia punitiva, también cambiar el discurso cuando se habla de las víctimas, de las movilizaciones y de la problemática.

La experta señaló como ejemplo las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador en donde en más de una ocasión se ha desacreditado la lucha feminista contra la violencia de género y se ha asegurado que los datos presentados sobre el aumento de las agresiones no son veraces. “Esto produce que desde la autoridad máxima se continúen reproduciendo estigmas sobre las mujeres, criminalizando y revictimizando a las víctimas y cuestionando la legitimidad de sus demandas”. 

Con prácticas como esta se generan retrocesos importantísimos para el acceso de las mujeres a la justicia, por un lado, se minimizan y normalizan las agresiones, se pierde toda la confiabilidad e intención de ejercer denuncias formales de las víctimas por miedo a que se les juzgue o simplemente a que queden impunes, se desarrollan otros formatos de justicia “informal” y la problemática se intensifica. 

Replantearse el concepto de justicia no quiere decir que las sanciones penales no deban existir, todo lo contrario, deben complementarse y fortalecerse. Pero también se debe ampliar el catálogo de soluciones que no atiendan casos aislados, sino que contribuyan a derribar un fenómeno estructural y que contemplen las necesidades específicas de las víctimas, que les den protección, seguimiento y sobretodo que se enfoquen en la prevención, concluyó la especialista en temas de justicia y políticas con perspectiva de género.

ana.garcia@eleconomista.mx