La Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Policía Federal de México eluden su obligación de transparentar la forma en la que utilizan sus facultades de vigilancia. También incumplen —de forma parcial o total— la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la Procuraduría General de Nuevo León y las otras 30 instituciones locales facultadas para ejercer procesos de vigilancia. Aguascalientes, Morelos y Nuevo León ni siquiera incluyen esta obligación en sus regulaciones locales en materia de transparencia, aunque por la regulación federal deben cumplirla.

La evidencia de que ninguna autoridad mexicana facultada para intervenir comunicaciones privadas o para solicitar información a empresas de telecomunicaciones cumple con las obligaciones de transparencia a las que están sujetas por la Ley Federal de Transparencia y por las legislaciones locales al respecto está contenida en el informe Transparencia y Vigilancia en México. Lo que no sabemos sobre lo que el gobierno sabe de nosotros, elaborado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

Una investigación publicada por El Economista reveló que durante 2017 las autoridades mexicanas hicieron 75,978 solicitudes a las compañías telefónicas para que ofrecieran información de sus clientes, muchas de las cuales se realizaron sin sujetarse a los requisitos establecidos por la regulación. A este descontrol con que las autoridades realizan la intervención de comunicaciones privadas y la solicitud de información de usuarios a empresas de telecomunicaciones en México, se suma la falta de transparencia con la que se ejecutan estas actividades.

En términos sencillos, para Luis Fernando García, director de R3D, la transparencia es una medida de control para que las facultades de vigilancia no sean abusadas por las autoridades.

“Lo que evaluamos en el informe es que esas normas sobre la transparencia respecto de la vigilancia en México están muy bonitas en la ley, pero en la realidad no han significado un ensanchamiento de la transparencia, ni han sido cumplidas y es preocupante que se aprueben leyes que no tienen ningún tipo de materialización en la realidad”, dijo García, en entrevista con El Economista.   

De acuerdo con García, para la ciudadanía esto significa que las autoridades ejercen este tipo de facultades sin rendir ningún tipo de cuentas, lo que fomenta condiciones en las que el abuso de las medidas de vigilancia, como son la intervención de comunicaciones privadas, la solicitud de información de usuarios a empresas de telefonía y la geolocalización en tiempo real, es más plausible.  

“Cuando cualquier facultad que se otorga a una autoridad se puede llevar a cabo sin rendición de cuentas existen más riesgos de que se este abusando de esta facultad”, dijo. Cabe destacar que las únicas autoridades facultadas para realizar acciones de vigilancia de las comunicaciones son la PGR, la Policía Federal, el Cisen y las procuradurías y fiscalías de los estados. 

El informe de R3D llega a tres conclusiones básicas:

  1. Que, al tratarse del ejercicio de la vigilancia, no todas las leyes locales de transparencia se han adecuado a la ley general en la materia.
  2. Que ninguno de los sujetos obligados que están facultados para realizar acciones de vigilancia, como la PGR y la Policía Federal, cumplen a cabalidad sus obligaciones de transparencia sobre estas acciones.
  3. Que tanto los sujetos obligados como los organismos garantes —en este caso el INAI y los institutos de transparencia locales— niegan de forma sistemática el acceso a información pública relativa al ejercicio de la vigilancia, incluso cuando un ordenamiento judicial los obliga a hacerlo.

De acuerdo con el artículo 70 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que podamos decir que una autoridad facultada para ejercer la vigilancia cumple con sus obligaciones en materia de transparencia es necesario que ésta publique información sobre las acciones de vigilancia que ha realizado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en su sitio web oficial, que la información esté actualizada y que cumpla con el formato establecido por la ley. Además de estos tres criterios, R3D analizó si se habían presentado irregularidades como el que la información presentada por la autoridad en la PNT y en respuestas a solicitudes de información no coincida y el resultado fue afirmativo. 

Según estos cuatro criterios, el reporte indica que “ninguna de las autoridades presentaron la información en sus sitios y en la Plataforma Nacional de Transparencia” y a nivel local, sólo las fiscalías generales de Veracruz y Querétaro cumplieron con este requisito. Tanto el Cisen como la PGR presentaron información actualizada, pero la Policía Federal no siguió esta parte de la norma, lo mismo que las  procuradurías y fiscalías de más de 80% de los estados de la República.

Ni la Policía Federal ni la PGR presentan su información de acuerdo con el formato establecido y tampoco lo hacen la mitad de los 18 entes locales obligados que sí presentaron información. A esto se añaden irregularidades terribles, en palabras de García, en fiscalías como las de Guerrero, Hidalgo y Oaxaca, en las que la información presentada no concuerda con la provista por otras autoridades, o las de Tabasco, Veracruz y Zacatecas, que prefirieron subir a la Plataforma Nacional de Transparencia un documento con la leyenda “Información reservada”.

A estas deficiencias de las autoridades facultadas para realizar labores de vigilancia, se suma la reciente decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones de cambiar sus propias reglas para quitarse la obligación autoimpuesta de publicar los reportes que le entregaban las compañías telefónicas sobre su colaboración con autoridades de seguridad y justicia. Si bien el instituto no cumplió con esta tarea sino hasta que el Inai lo forzó a hacerlo, como documentó una investigación de El Economista, la cancelación de esta medida resulta un grave retroceso en materia de transparencia sobre vigilancia.

“Dado que las personas que son afectadas por las invasiones a la privacidad la gran mayoría de los casos no se enteran de estas acciones de las autoridades, las herramientas de transparencia son las únicas con las que contamos para hacer un mínimo control social de estas invasiones”, dijo Luis Fernando García.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx