Casi el 60% de las personas detenidas y procesadas en las cárceles del país dependen de los defensores de oficio, pues solo un 23% cuenta con un abogado particular; sólo un 43% de quienes son defendidos por un abogado de oficio considera que es satisfactorio su desempeño. El costo de contar con un abogado particular, va de los 45,000 pesos a los 3 millones de pesos, de acuerdo con el "Diagnóstico sobre la Percepción de la Defensoría Penal en México”.

En el Museo Memoria y Tolerancia, la organización Reinserta dio a conocer detalles de su diagnóstico sobre la situación que encontró con las personas que visitó dentro de las cárceles, y sobre los procesos para defenderse bajo el nuevo sistema de justicia penal.

El estudio mostró que de la población privada de la libertad, 59.2% de los reos sentenciados y 50.6% de los procesados contó solamente con abogado de oficio. En contraste, únicamente 23.1% de los sentenciados y 31.4% de los procesados contó con abogado privado.

Acerca del nivel de satisfacción de la población privada de la libertad con el desempeño del defensor durante el proceso judicial, Ana de 33 años, declaró: “Cuando fui detenida, el abogado de oficio hasta permitió que me torturaran y que no hiciera yo misma mi declaración”.

Otra de las reclusas consultadas por Reinserta, Valeria de 24 años, dijo: “he tenido varios abogados, tres particulares y uno de oficio. Todos me pedían entre 100,000 y 300,000 pesos para llevar mi caso. Otra abogada se negó a defenderme”.

Julio, de 53 años, declaró a Reinserta: “No tenemos comunicación con los licenciados de oficio, ni siquiera supo mi versión de los hechos. No preparó a mis testigos, no hizo nada para defender, no me informó mis derechos, estuvo de acuerdo con el Juez, inclusive lo llamaba maestro”.

Hugo, de 43 años, dijo: “mi abogado defensor me dijo: fírmale, ya te vas. Me dieron 20 años por un delito que no cometí”.

El diagnóstico destacó que 44.3% de los reclusos fueron detenidos en flagrancia; 39% por caso urgente y sólo 25.2% por orden de aprehensión. El 85.8% manifestó que nuca estuvo bajo arraigo, y sólo 9.5% que sí lo estuvo.

En relación con el tiempo que transcurrió entre su detención hasta poder hablar con su abogado, el promedio fue de 62 días, aunque hubo casos de quienes pasaron hasta dos años y medio antes de hablar por primera vez con su abogado. “No es que no existiera como tal un abogado, sino que existía un nulo o muy precario contacto entre el personal de defensoría y las personas imputadas”, refiere el documento.

Respecto a los pagos al abogado, el 38% pagó por adelantado; 40% lo hizo en abonos; y sólo el 21% hizo pagos cuando el abogado realizó en su nombre algún procedimiento, como interposición de amparo o apelaciones. El documento del estudio mencionó que los pagos realizados fueron entre 45,000 pesos y 3 millones de pesos como máximo.

Un 44% de los presos consultados por Reinserta dijo haber recibido amenazas por parte de algún policía, Ministerio Público o Juez; 41% dijo que intentó influir en su declaración; 54% que fue insultado y 44% que recibió golpes.

En el tema de la perspectiva de género, el estudio refirió que del total de la población penitenciaria sólo 5% son mujeres, principales por delitos como robo (25%), secuestro (24%) y homicidio (18 por ciento). Se identificó una diferencia estadística significativa en los tiempos de sentencia entre hombres y mujeres. “Aun cuando los delitos más frecuentes de ambos grupos son de alto impacto social, este sesgo puede deberse a que las mujeres reciben un castigo más severo por el mismo delito”, sostiene el informe donde se destaca que el promedio de sentencia para los hombres es de 17.5 años, mientras que para las mujeres de 23.5 años.

Durante la presentación del "Diagnóstico sobre la Percepción de la Defensoría Penal en México”, los abogados Pablo Gómez Mont (Socio Gómez Mont y Abogados); Alfonso Jiménez O’ Farril (fundador del Bufete Alfonso Jiménez O’ Farril); Ilan Katz Mayo (fundador de Katz & Gudiño S.C);  Diego Ruiz Durán (Fundador del Bufete Ruíz Durán) y José Luis Nassar Peters (socio y director de Nassar, Nassar y Abogados), coincidieron en que el acceso e impartición de la justicia para mujeres es un asunto cultural para las autoridades de los tres niveles de gobierno. Todos coincidieron en que sería una regresión eliminar la figura del feminicidio del Código Penal Federal.

Acerca de lo que se debería de hacer en caso de que los defensores de oficio no atiendan debidamente el proceso de sus defendidos, los abogados difirieron. Por ejemplo, Ilan Katz consideró que deben ser sancionados cuando no realicen bien los procedimientos; Alfonso Jiménez consideró que una solución es que se elimine la prisión preventiva oficiosa, mientras que Pablo Gómez Mont estimó oportuno que los jueces saquen de las audiencias aquellos abogados que no vayan preparados.

El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, dijo que el gobierno federal está comprometido con lograr el acceso igualitario a la justicia, sobre todo con los que menos posibilidades tienen de acceder a un abogado.

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