Tras acreditar que miembros del Ejército mexicano y de la Policía Federal torturaron a una mujer, a quien causaron afectación psicológica y emocional , la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a Salvador Cienfuegos Zepeda y Renato Sales Heredia, secretario de la Defensa Nacional y comisionado nacional de seguridad, respectivamente.

El organismo autónomo recomendó a ambas dependencias coordinarse para reparar el daño de forma integral a siete personas agraviadas, así como colaborar en el trámite y seguimiento de la denuncia de hechos y de las quejas que presente ante la Procuraduría General de la República y los órganos internos de control de la Sedena y la Comisión Nacional de Seguridad contra los servidores públicos involucrados.

Asimismo, ordenar que los militares y policías federales empleen, en todos sus operativos, cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio, así como capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos, en especial sobre prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Además, las dos dependencias deberán inscribir a los agraviados en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso a los derechos y beneficios previstos en la Ley General de Víctimas.

La CNDH pidió de manera específica a la CNS instruir a los servidores públicos de la Policía Federal para que elaboren sus partes informativos apegándose a la verdad y fomentar en ellos la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.

La recomendación 4/2017 se refiere a la detención arbitraria, retención ilegal y cateo ilegal en agravio de tres personas, dos hombres y una mujer, esta última también sufrió tortura, y al cateo ilegal contra otras cuatro víctimas, entre ellas la madre de la mujer torturada y sus dos hijos de ocho y seis años de edad, además del propietario del inmueble, un adulto mayor de 74 años, en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Los hechos de tortura contra la mujer se conocieron el 14 de abril del 2016 tras la difusión en diversos medios de comunicación y redes sociales, de un video sobre el interrogatorio al que fue sometida por tres personas, dos con uniforme militar y una con el de la Policía Federal; la CNDH inició de oficio, por la trascendencia del caso.

Una semana después de aquella fecha, la CNDH recabó las quejas de otras dos personas, que refirieron su detención en las mismas circunstancias que la mujer que fue detenida el 4 de febrero del 2015, por lo que inició un expediente