El presidente Enrique Peña Nieto informó que de 226,637 declaraciones patrimoniales recibidas entre mayo y octubre del presente año, 2,963 servidores públicos manifestaron la existencia de un posible conflicto de interés.

Esto se desprende de las respuestas del titular del Ejecutivo federal a las preguntas parlamentarias que, por escrito, le formuló la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, en relación con su tercer Informe de Gobierno.

Con estos primeros datos se dará vista a los órganos internos de control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinen la existencia de un conflicto de interés y, en su caso, inicien el procedimiento disciplinario correspondiente , cita el documento, sin ofrecer más detalles al respecto.

Respecto del cuestionamiento de Acción Nacional sobre la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, Peña Nieto se limitó a informar que se agotarán todas las líneas de investigación, toda vez que la indagatoria permanece abierta .

La Procuraduría General de la República (PGR), agregó, ha consignado a todas las personas de las que, conforme a las constancias que integran el expediente, se ha acreditado su probable responsabilidad en la escapatoria del capo.

La respuesta de apenas un párrafo contrastó con el detallado cuestionamiento de los panistas, quienes entre otras cosas preguntaron al mandatario mexicano cómo es posible que se haya repetido la fuga de el Chapo de un penal de máxima seguridad, y por qué ni siquiera fue removido de su cargo Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, cuando no cumplió con la responsabilidad encomendada de tener bien vigilado al narcotraficante.

En relación con una pregunta de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC) respecto de si existen prácticas, comportamientos o decisiones dentro del gobierno mexicano que contribuyan a mantener altos niveles de impunidad y corrupción, la respuesta presidencial fue que no y que, por el contrario, el gobierno federal desarrolla y fortalece continuamente sus acciones de combate a la corrupción’’.

A la pregunta de la bancada del PRD sobre cuáles son los criterios y las políticas de la Administración Pública Federal para aplicar las disposiciones en materia de transparencia que obligan en su conjunto a instrumentar el principio de máxima publicidad, y qué sanciones se están aplicando a los funcionarios que están incumpliendo dicha disposición, el mandatario mexicano respondió que la Secretaría de la Función Pública cuenta con un Registro de Servidores Públicos Sancionados, que se puede consultar en la dirección electrónica http://www.rsps.gob.mx/.

En la citada consulta pública existe un módulo específico que muestra la información relativa a las sanciones impuestas a todos aquellos servidores públicos que han sido sancionados por el incumplimiento a las disposiciones en materia de transparencia’’, completó.

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