Pese a los programas de reconstrucción implementados por estados y la Federación para apalear los estragos de los sismos que azotaron a la nación en el 2017, miles de personas no han podido regresar su vida a la normalidad, aunado a que sobre los recursos erogados para la reconstrucción pesa el fantasma del mal manejo y la opacidad.

De acuerdo con el Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tras realizarse un censo entre diciembre del 2018 y marzo pasado, había aún unas 183,680 viviendas dañadas por los sismos en diversos estados del país.

“De enero a junio del 2019, se autorizaron 18,429 subsidios por 2,683 millones de pesos para los estados de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca y Puebla: 70% (12,948 subsidios) para daño total y 30% (5,481 subsidios) para daño parcial, en beneficio de 73,716 personas”, indicó el Ejecutivo federal en su informe.

Y es que tras los movimientos telúricos, cerca de 400 municipios ubicados en Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, y en la Ciudad de México fueron afectados.

Este lunes, damnificados de los estados de Chiapas, Morelos, Puebla y Oaxaca, integrantes de la Red Nacional de Damnificados por los Sismos entregaron un pliego petitorio y una solicitud de audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar falta de apoyo para la reconstrucción de sus viviendas.

El mismo movimiento ha acusado de malversación de recursos públicos erogados para los sismos a nivel local y uso electoral de los mismos. Los damnificados tendrán una audiencia con el presidente mañana jueves.

Una de la entidades con mayor daño fue justamente Puebla, en donde el actual gobernador y exsenador de la República, Miguel Ángel Barbosa, sostuvo recientemente que recursos destinados en la entidad para la reconstrucción de escuelas y viviendas se malversaron, por lo que anunció que se abriría una investigación para dar con los funcionarios responsables.

En este sentido, en el Primer Informe de Gobierno de López Obrador se precisa sobre Puebla que el pasado 26 de junio se firmó un acuerdo con la entidad para que se le otorguen 676 millones 73,800 pesos más para la reconstrucción.

Otro caso es el de la Ciudad de México. En la capital, trascendió hace meses que muchos de los edificios que se derrumbaron mantenían diversas anomalías en sus permisos de construcción.

Uno de los casos más relevantes fue el del Colegio Rébsamen, el cual se derrumbó con decenas de niños adentro, 19 de ellos murieron, además de siete adultos.

El escándalo de corrupción tocó a la hoy jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, mientras era delegada de Tlalpan, debido a las irregularidades encontradas en los permisos de operación y construcción del colegio. Cabe recordar que meses después de la tragedia, la Procuraduría capitalina eximió de responsabilidades por el derrumbe del colegio a Sheinbaum.

Este martes, en la conferencia de prensa matutina, la jefa de Gobierno informó que hay todavía 20,000 damnificados en la Ciudad de México.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2018, se destinaron unos 8,000 millones de pesos para el Programa Nacional de Reconstrucción, mientras que para el siguiente año, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020, se destinarán unos 2,843 millones 800,000 pesos.

“Deficiencias” institucionales

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revisado a diversas dependencias relacionadas con la reconstrucción y procesamiento de recursos tras los sismos. La institución ha encontrado deficiencias.

Dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que fungió como enlace en los donativos internacionales enviados a México por los sismos, o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tuvieron observaciones, de acuerdo con los ejercicios de auditoría de la ASF.

En la primera entrega de informes sobre la Cuenta Pública 2018 (que se hizo pública en junio del 2019), la ASF auditó a Hacienda y a la cancillería en el tema de los donativos por sismos.

En el caso de Hacienda, el máximo órgano auditor encontró que la dependencia, como parte del Consejo Nacional de Protección Civil (CNPC), no emitió los lineamientos para regular “la emisión de convocatorias, recepción, administración, control y distribución de los donativos, en incumplimiento del artículo 68 de la Ley General de Protección Civil”.

Asimismo, la auditoría indicó que Hacienda tampoco demostró que tuviera mecanismos de coordinación entre las demás dependencias, “ni informó el uso de los donativos en la Plataforma Fuerza México, en contravención de su oficio núm. 419-A-19-00372 del 2 de abril del 2019, que señala que la Plataforma Fuerza México es una respuesta de transparencia proactiva en el marco del Portal de Transparencia Presupuestaria”.

En el caso de la cancillería, el máximo órgano auditor encontró que la gestión gubernamental de la dependencia fue deficiente en cuanto a la coordinación de los donativos internacionales.

“La falta de una regulación y coordinación entre la SRE, Secretaría de Gobernación (Secretaría de Gobernación), CNPC y SHCP, así como de una gestión y de un registro confiable impidieron conocer si las 12 millones 267,000 unidades, 197.8 toneladas y 31,467.5 kilogramos de donativos en especie.

“(Y) las 525 personas pertenecientes a grupos de búsqueda y rescate; estructuralistas, atención de emergencias y médicos, así como de 20 unidades caninas, y los 3 millones 234,169 dólares americanos, 48,494 euros, 20 millones 161,550 pesos mexicanos; 600,000 dólares canadienses de los que la dependencia tuvo información, fueron la totalidad de donativos que ingresaron al país, ni determinar si los recursos donados se administraron de forma eficiente y entregados en beneficio de la población afectada por los sismos ocurridos en el 2017”.

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