Diputados del PRD proponen abrogar el Código Militar de Procedimientos Penales

El PRD en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se abroga el Código Militar de Procedimientos Penales para que las investigaciones penales que se siga en los tribunales militares lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales que garantiza los derechos de las víctimas y los procesados.

Entre los argumentos se indica que la extensión extraordinaria del fuero militar es un problema presente en nuestro país que, de manera estructural, ha favorecido la violación de derechos humanos y la impunidad en su procesamiento.

Es por ello que buscan ajustar la legislación militar para eliminar los tipos penales establecidos en el artículo 13 constitucional, contenidos en los capítulos relativos a los delitos contra el derechos de gentes; falsificación; fraude, malversación y retención de haberes; extravío, enajenación, robo y destrucción de lo perteneciente al Ejército; las disposiciones relativas a la vinculación con la delincuencia organizada; pillaje, devastación, merodeo, apropiación de botín así como las disposiciones que les dan jurisdicción sobre la Guardia Nacional.

“Es de frente a la gran actividad pública que han tenido las y los militares en este sexenio que resulta urgente reformar la legislación penal militar de tal forma que se ciña de manera estrecha a los límites constitucionales y los establecidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos ya que, al tratarse de una jurisdicción extraordinaria o especial, su extensión resulta violatoria de los derechos humanos”, plasma la iniciativa suscrita por la diputada Elizabeth Pérez Valdez.

Los cambios también establecen que aquella persona que injurie o ultraje a un miembro de la policía militar que esté en ejercicio de sus funciones dentro de las instalaciones militares, será castigado con nueve meses de prisión; y si lo desobedece o resiste a la orden que le haya intimado en uso de sus facultades o ejerza violencia contra él, la pena será de un año y seis meses de prisión.

Mientras que las causas penales que se encuentren en proceso a la entrada en vigor del decreto, por los tipos penales que se extinguen, pasarán de inmediato a conocimiento del juez civil correspondiente.

Así como las causas penales que se encuentren en proceso a la entrada en vigor del decreto que deban seguir en conocimiento de las autoridades militares de justicia, deberán aplicar los procedimientos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

kg