Desde hace más de una década autoridades federales investigan —sin ningún resultado a la fecha— diversos atentados directos contra civiles, como el caso LeBarón en 2019, el secuestro de un avión en 2009, los explosivos en Morelia en 2015, y el caso más reciente este domingo cuando sujetos entregaron una bomba disfrazada de regalo en un restaurante de Salamanca, Guanajuato, lo que provocó la muerte de dos personas y cinco más resultaron lesionadas.

Expertos se dividen sobre si este tipo de hechos son o no actos terroristas. En nuestro país, el artículo 139 del Código Penal Federal define como acto terrorista —con pena de 15 a 40 años de prisión y de 400 a 1,200 días de multa— “a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación”.

Los expertos en seguridad Gerardo Rodríguez Sánchez-Lara y Martín Barrón aseguran que los grupos de la delincuencia y narcotráfico en México no cometen actos terroristas, pero sí actos intimidatorios para generar miedo en la sociedad y gobierno.

Los académicos de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), respectivamente, coincidieron en que los actos terroristas son aquellos en los que se persigue un fin político, o incluso derrocar a un gobierno.  

“En México no hay grupos terroristas, per se, como los cataloga la legislación en Estados Unidos, y la mayoría de las organizaciones internacionales como Interpol, la Unión Europea, algunas resoluciones de la ONU, en el sentido de que las organizaciones buscan alcanzar un objetivo político”, dijo Rodríguez Sánchez-Lara.

“Hasta ahora, las organizaciones criminales mexicanas, que han hecho actos de extrema violencia, que rayan en el terrorismo, han cometido actos de terror para buscar atemorizar a funcionarios y a la ciudadanía, no persiguen un bien político, persiguen un fin de lucro económico para controlar, seguir controlando alguna actividad ilegal que les genera altos niveles de rendimientos económicos”, añadió el experto de la UDLAP.

En el mismo sentido, el académico del INACIPE, Martin Barrón, opinó: “hay que tener muy claro que las acciones que realice la delincuencia organizada, su objetivo no es quebrantar o quitar al gobierno en turno, ese es uno de los objetivos del terrorismo. En el caso de las acciones de la delincuencia organizada, ellos no quieren eso; lo que quieren es que las autoridades los dejen seguir trabajando, y se dan casos como lo de Guanajuato, donde dejan un coche frente a las instalaciones de la Guardia Nacional, son formas de intimidación, pero no son necesariamente actos terroristas, que es ir contra un gobierno”.

Barrón mencionó que en México sí existieron en la década de los sesenta grupos que pudieran considerarse terroristas, como la Liga 23 de septiembre, el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas o la Asociación Cívica Nacional de Genaro Vázquez. “Esos eran grupos guerrilleros y el objetivo era ir en contra del gobierno y sus políticas gubernamentales, y tratar de que hubiera un cambio en la política social y económica que beneficiara a la población”, explicó.

Dijo que un ejemplo internacional es la organización Al Qaeda y el Estado Islámico, que pretende actualmente combatir a gobiernos de países para imponer una creencia religiosa con fines políticos. “Eso no pretenden los grupos delincuenciales en nuestro país, lo que pretenden es: déjame trabajar, y si para ello tengo que recurrir a la violencia o al uso de la fuerza lo voy a hacer. Y estas son sus formas para generar intimidación dentro de las corporaciones policiales o de seguridad pública”.

Por su parte, el académico Gerardo Rodríguez mencionó que “hay que seguir tratando a las organizaciones criminales (en México), como son, altamente sofisticadas, y se pueden utilizar herramientas o estrategias propias del combate al terrorismo a estas organizaciones, como es cortarles el financiamiento, cortarles la posibilidad de que tengan lugares seguros para entrenamiento y operación, reducir niveles de ayuda, de corrupción por parte de autoridades locales, cooperar con autoridades internacionales para evitar el flujo de efectivo y lavado de dinero, evitar que la propaganda que lancen sea replicada en redes sociales”.

Expuso que en nuestro país “ha habido decenas de carpetas de investigación sobre terrorismo, pero ninguna ha llegado a buen puerto, no se ha comprobado los fines políticos, y difícilmente alcanzan a cerrar de manera positiva estas carpetas de investigación”.

En nuestro país existen dos instancias encargadas de investigar y prevenir esas conductas. Se trata del Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales (CANDESTI), depende del Centro Nacional de Inteligencia, y la Sección octava del Ejército.

Atentados contra civiles datan, por lo menos, desde 2009

El 9 de septiembre del 2009, fue secuestrado el avión con vuelo 576 de Aeroméxico, el cual cumplía el trayecto Cancún-Ciudad de México. El avión aterrizó en el aeropuerto de la capital del país, donde los pasajeros y tripulación fueron liberados. Los cinco secuestradores, cuya principal demanda era hablar con el entonces presidente Felipe Calderón, fueron detenidos, pero solamente uno fue procesado por el delito de secuestro; meses más tarde fue liberado.

Otro de los asuntos que fue catalogado como acto terrorista ocurrió el 15 de septiembre del 2015, en pleno evento conmemorativo por el Grito de Independencia. Unas granadas fueron estalladas en la plaza de Morelia donde 30,000 personas se encontraban presentes, dejando como saldo ocho personas fallecidas y 132 heridas. En mayo del 2015, los únicos cuatro sujetos a los que la entonces PGR señaló de responsables del ataque, fueron liberados debido a que un magistrado mostró que fueron detenidos ilegalmente y torturados para que se declararan culpables.

El 4 de noviembre del 2019 ocurrió la masacre de integrantes de la familia LeBarón. Miembros del crimen organizado atacaron directamente y dieron muerte a 9 mujeres y menores de edad pertenecientes a la familia México-estadounidense en las inmediaciones de la comunidad de La Mora, municipio de Bavispe, Sonora.

El 6 de enero del 2020, un adolescente estadounidense murió y varios de sus familiares sufrieron heridas de bala tras ser atacados en Tamaulipas por miembros de una organización delictiva. La familia viajaba de regreso a los Estados Unidos cuando los sicarios los emboscaron en la carretera.

En abril de este año, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón Reyes, confirmó que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) usaron drones para atacar a elementos de la Policía estatal en Aguililla, por lo que al acreditarse el uso de explosivos tipo C4, se trataría de un acto terrorista.

El pasado domingo 19 de septiembre de 2021, personas a bordo de una motocicleta entregaron en el restaurante Barra 1604 de Salamanca, Guanajuato, un paquete en forma de regalo que contenía explosivos. El dueño del lugar, Mario Alberto Hernández (quien festejaba su cumpleaños), y el gerente, Mauricio Romero Morales, recibieron el paquete por lo que ambos murieron. Cinco personas más resultaron heridas.

jorge.monroy@eleconomista.com.mx

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