De cara al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la Cámara de Diputados tiene pendiente desahogar medio centenar de minutas turnadas por el Senado de la República entre septiembre y diciembre pasados.

La expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales encabeza el listado de prioridades, a concretar entre el 1 de febrero y el 30 de abril próximos.

Los diputados federales están obligados a ratificar o enmendar el decreto por el que se crea el referido código, por el que se establecen las normas a observarse en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos que son competencia de los órganos jurisdiccionales locales y federales.

Así como los lineamientos para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que repare el daño, en un marco de respeto a los derechos humanos.

El nuevo ordenamiento contempla, además, que los registros de las actuaciones en todo procedimiento se realicen por escrito, audio o video o cualquier soporte que garantice su reproducción, eliminando las formalidades excesivas previstas actualmente para su resguardo, entre otros aspectos.

Las reformas a la Ley General de Educación para prohibir o condicionar la prestación de servicios educativos a cargo del Estado a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación también siguen pendientes en el Congreso de la Unión.

Otra reforma que debe ser analizada y votada se relaciona con establecer que el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo será también del Consejo Consultivo, cuyos integrantes tendrán cargos honorarios.

Envidada el pasado 15 de octubre por la colegisladora, se acabó el año y los diputados federales no pudieron ratificar la minuta por la que pretendía declarar el 2013 como Año Belisario Domínguez de la Libertad y la República.

El decreto por el que se sugiere modificar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Tortura, enlistado entre el rezago, precisará que los delitos previstos se investigarán y perseguirán de oficio.

A quien cometa el delito de tortura se le aplicará prisión de siete a dieciséis años, y de 500 a 1,000 días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos de manera permanente.

La reforma a la Ley General de Salud prevé que con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la Secretaría de Salud la autorización y vigilancia de la publicidad que se refiera a la salud, al tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación de las personas con discapacidad, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los productos y servicios en la materia.

En el siguiente periodo ordinario de sesiones se pretende también modificar la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para precisar que entre las facultades de su Presidente está solicitar a la Cámara de Senadores, a la Comisión Permanente o a las legislaturas de las entidades federativas llamar a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables, para explicar el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas por la CNDH.

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