Al calificar como deficiente su desempeño, la SFP dio a conocer la destitución de un trabajador del SAT, además de sanciones de inhabilitación y multas millonarias contra otros dos exservidores públicos de dicho organismo, acusados de omisiones en su labor que evitaron se pudieran cobrar créditos fiscales, con lo cual ocasionaron daños al erario.

A través de un comunicado, la Secretaría de la Función Pública detalló que se les impuso una inhabilitación por 10 años y multa en conjunto por 86 millones de pesos; 57 millones de pesos a dos de ellos y por más de 28 millones de pesos a otro.

La dependencia federal indicó que en el primer caso, el Órgano Interno de Control (OIC) en el SAT determinó la con inhabilitación por 10 años y multa total por 56 millones 938 mil 364 pesos contra un Subadministrador Local Jurídico, quien también fue destituido, y a una ex Jefa de Departamento de lo Contencioso, adscritos a la ahora Administración Desconcentrada Jurídica de Zapopan, Jalisco.

Ello debido a que, tras una investigación a raíz de una denuncia presentada por la Administración Central de Impuestos Internos del SAT, el OIC identificó que luego de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la deuda de una persona física, los funcionarios no realizaron las gestiones necesarias para emitir un crédito fiscal, lo que resultó en daño al erario al no poderse recuperar el monto millonario equivalente a la multa impuesta.

Mientras que en el segundo caso se sancionó también con una inhabilitación por 10 años y una multa por 28 millones 774 mil 125.18 pesos contra un exabogado Tributario adscrito a la ahora Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua, por una denuncia presentada por la Administración General de Evaluación del SAT.

Esto último debido a que el OIC en el SAT determinó que, faltando a sus responsabilidades, el exfuncionario público realizó una indebida notificación a una empresa, lo que ocasionó que ya no se le pudiera cobrar un crédito fiscal por la cantidad señalada.

La SFP señaló que estas sanciones responden a la instrucción de la secretaria Irma Eréndira Sandoval de atender con toda prioridad y diligencia las denuncias de probables actos de corrupción en el servicio público, quien consideró que éste “no debe ser tomado como un privilegio, sino como una de las más elevadas responsabilidades sociales, y requiere probidad, profesionalismo y eficacia en el desempeño”.

Asimismo, se recordó que en días recientes la secretaria Sandoval Ballesteros destacó que “se trabaja de manera conjunta y coordinada con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para prevenir y castigar ineficiencias y posibles actos de corrupción en los que pudieran estar involucrados funcionarios públicos, con lo cual contribuimos a la correcta recaudación fiscal para el beneficio de la población”.

rrg